Cifras judiciales ahondan poco en el problema
Entre el 2015 y el 2017, la Fiscalía recibió 22.529 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, ese dato no permite profundizar en la realidad del problema en el país, pues no detalla la cantidad de víctimas por queja, el sexo de los denunciantes o su edad promedio.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial no desglosa el número de denuncias pendientes de resolver por tipo de delito (sexuales, contra la vida, contra la propiedad, etcétera). Lo anterior impide conocer cuántas quejas por violencia sexual hay sin resolver.
Para este reportaje, la Dirección de Planificación remitió un cuadro de los “casos terminados” por delitos sexuales durante el 2017.
La información remitida muestra que concluyeron 5.402 expedientes, de los cuales fueron desestimados 3.356, otros 920 recibieron solicitud de apertura a juicio y 251 fueron devueltos al Ministerio Público. El resto fue distribuido en otras categorías como sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional o reo declarado en rebeldía.
Tampoco se puede precisar cuánto tiempo pasa, en promedio, entre la presentación de una denuncia por violencia sexual y el inicio del juicio. Solo existe una duración promedio general por infracción.
De acuerdo con ese departamento, hasta el 2016, el tiempo promedio de resolución general era de 22 meses y una semana; es decir, casi dos años.
Ana Ericka Rodríguez Ara- ya, encargada de Estadísticas de la Dirección de Planificación, explicó que esas deficiencias se deben a que no se realizan análisis longitudinales; es decir, no se les da seguimiento a los expedientes, desde que ingresan hasta que se resuelven.
El mecanismo estadístico que emplean es transversal, explicó, lo cual significa que toman “fotografías” del total de expedientes, en un momento en específico.
La fiscala María Gabriela Alfaro refirió que el número de imputados que fueron a juicio (3.310 en los últimos tres años) no refleja la resolución del total de denuncias, pues hay muchos otros que concluyen con resolución alternativa de conflictos u otras medidas.
“Ese dato no es del todo ajustado a la realidad, porque si hablamos de los asuntos que se sometieron a juicio, efectivamente, ese es un dato real. Pero si hablamos de sentencias condenatorias, tendríamos que incluir todos los procesos que se sometieron a procedimientos especiales abreviados (...). Estamos tratando de hacer mejoras para visibilizar esos casos”, expresó la funcionaria.