Decisiones del ICE corren riesgo de nulidad
→ Instituto modificó su estructura sin reforma legal, dice la Procuraduría
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) eliminó la Gerencia General (creada por ley)en el 2014, una decisión que podría implicar la invalidez de actos emitidos por los órganos que reemplazaron ese despacho, concluye un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR).
El riesgo de nulidad legal se cierne así sobre las actuaciones en los últimos años de la Gerencia Corporativa, la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios, así como la División Jurídica Corporativa del ICE, instancias que absorbieron las funciones de la Gerencia General.
Lo anterior se desprende de la opinión jurídica de la PGR OJ-039-2018 del pasado 27 de abril, en respuesta a una consulta del exdiputado de Frente Amplio, Jorge Arguedas.
Según la Procuraduría, aunque el Consejo Directivo nombra y remueve al gerente general, no puede prescindir del cargo sin una norma de rango legal que lo autorice, “precisamente por haberse creado por ley” y, porque entre sus funciones legalmente creadas, figuran la representación legal y extrajudicial del Instituto.
La PGR concluyó que “el Consejo Directivo de una institución autónoma no puede su- primir la existencia de un órgano creado por ley, en este caso la Gerencia General, menos aún asumir las funciones que el legislador le otorgó, salvo si cuentan con la autorización legal para ello”.
Sin competencia. Además, el documento añade que la consecuencia jurídica de que otro órgano, así sea el jerarca superior, ejerza las potestades que expresamente le fueron dadas por ley a esa Gerencia General “es la invalidez de lo actuado, al carecer de competencia para ello, en grado de nulidad absoluta”.
La Procuraduría también advierte de que compete a la Auditoría Interna de cada institución determinar si el jerarca actuó de una manera contraria al orden legal, pero, en caso de los jerarcas de instituciones autónomas, la declaración de posible responsabilidad corresponde al Consejo de Gobierno.
Irene Cañas, presidenta del ICE, confirmó que, desde que supo de esa opinión jurídica, ordenó un análisis de los razonamientos de la PGR para establecer sus posibles alcances.
“Al ser el pronunciamiento una opinión jurídica, no vinculante para el ICE, existen varias alternativas para clarificar el alcance de lo allí expuesto. La decisión que se va a tomar, en este asunto, estará apegada a la legalidad. En este análisis, se están considerando las implicaciones administrativas, legales y temporales que pudiera tener el curso de acción elegido sobre el accionar (sic) del Grupo ICE”, precisó Cañas.
■