Sanción a magistrados causa decepción en gremios judiciales
→monestación consiste solo en una llamada de atención por escrito →Sindicato instó a empleados a manifestarse en reclamo a la decisión
Decepción, insatisfacción y desencanto. Esas fueron las reacciones entre los gremios del Poder Judicial ante la decisión de la Corte Plena de sancionar con una amonestación escrita a cuatro magistrados de la Sala Tercera.
El castigo, que fue por una “falta grave”, recayó contra el actual presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, y sus compañeros Jesús Ramírez Quirós, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés, porque a inicios del 2017 desestimaron una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth.
“HAY UNA SENSACIÓN INCÓMODA DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. HAY UN SENTIR COLECTIVO DE DESENCANTO SOBRE LO QUE ESTÁ PASANDO. LOS QUE ESTÁN CUESTIONADOS EN ESTE MOMENTO ES LA MAGISTRATURA, NO LOS CASI 13.000 FUNCIONARI OS.
Adriana Orocú Asociación Costarricense de la Judicatura
“EL LUNES CASTIGARON A (BENERICE) SMITH A DOS MESES DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SALARIO (...) PORQUE INDUJO A ERROR A LOS MAGISTRADOS. PODRÍAMOS HABER PENSADO QUE IBA A SER LA MEJOR DE LAS EXCUSAS PARA NO SENTIRSE RESPONSABILIZADOS, Y EFECTIVAMENTE PASÓ.
Álvaro Rodríguez Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística
El caso tenía relación con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Reacciones. Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, manifestó su preocupación tras el fallo. “Hay una sensación incómoda dentro de todos los funcionarios del Poder Judicial; hay un sentir colectivo de desencanto sobre lo que está pasando”, mencionó.
En tanto, Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, organización que presentó la denuncia administrativa contra los miembros de la Sala Tercera, dijo: “Por supuesto que no estamos para nada satisfechos”.
En redes sociales circuló un llamado del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) para realizar una concentración de empleados hoy a las 11 a. m. en la plaza de la Justicia.
“Si está indignado por lo sucedido, no ladre entre corrillos, hablemos con hechos”, dice el llamado, firmado por Norma Vargas Barrantes.
Por su parte, Ronald Segura Mena, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales, es el único que consideró que lo resuelto es “razonable”.
“Lo que puedo hacer es un análisis técnico del caso en el cual se da una desestimación por atipicidad. Hay que tomar en cuenta que con esa decisión no se pone fin al proceso. No es un archivo de forma definitiva. La afectación al proceso es mínima. La Sala Constitucional ha establecido que la sanción tiene que ser proporcional al daño (…); por eso me parece que la resolución es razonable”, dijo.
La investigación. A los altos jueces se les atribuyó omitir un informe sobre un análisis de llamadas telefónicas que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual comprobó que entre el exdiputado Guevara y Bolaños se dieron 608 registros telefónicos entre el 1.° de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; en tanto, entre Morales Zapata y Bolaños fueron 184.
El magistrado Román Solís Zelaya, a quien le correspondió llevar la investigación de los integrantes de la Sala Tercera, calificó la omisión como “grave” al presentar el informe, pero no recomendó posibles castigos, porque eso le correspondía a Corte Plena, alegó.
Pese al malestar entre la mayoría de empleados judiciales por lo leve de la sanción, es la primera vez que el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibe una reprimenda.
La amonestación es una llamada de atención escrita, la cual queda incorporada en los expedientes que lleva el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, explicó la presidenta interina de la Corte, Carmenmaría Escoto.
Para los integrantes de la Sala Tercera no significa un perjuicio inmediato, aunque sí podría afectarlos si alguno de ellos pretende una reelección cuando termine el periodo para el cual fue elegido.
Por hechos similares, el lunes la Corte Plena suspendió por dos meses y sin goce de salario a la ex fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, quien, mientras ejercía de fiscala general interina, solicitó a los magistrados desestimar la causa contra los entonces congresistas.
En aquel momento, Smith estimó que, a partir de la totalidad de la prueba, no era posible proceder a una acusación y solicitar la apertura a juicio, por tratarse de hechos atípicos (no considerados delitos). A ella se le atribuyó obviar mencionar la existencia del informe de llamadas telefónicas del OIJ.
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