Defensoría impugna reglas para registrar plaguicidas
→Rechaza que se puedan inscribir los productos con datos usados en extranjero →Sala IV estudia el caso sobre decreto vigente desde julio del año pasado
La Defensoría de los Habitantes calificó de inconstitucionales las cláusulas del nuevo reglamento de registro de agroquímicos en Costa Rica, por permitir usar información presentada en otros países para que se valide aquí al tramitar la inscripción del producto. Por esa razón, la Defensoría presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, el pasado 11 de junio, en la que se pide suspender el decreto del nuevo registro de plaguicidas, publicado el 12 de enero del 2017 y puesto en vigencia seis meses después.
La Sala confirmó que este 4 de julio acogió para estudio la acción, pero no suspendió el sistema de registro vigente, como se le había solicitado.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y su ente adscrito, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), indicaron este jueves que no se referirán al tema, pues hace poco fueron notificados y alistan la respuesta.
Retrasos. El decreto cuestionado por la Defensoría se emitió para solucionar atrasos en el registro de nuevos agroquímicos, algo que generaba constantes quejas de los empresarios.
El SFE detalló que al 30 de mayo 2018, había en trámite, entre otras, 1.837 solicitudes de revalidación de plaguicidas.
La presa en el registro impedía utilizar en el país productos con mejor eficacia y más amigables con el ambiente, según empresarios y otros que defienden esta nueva reglamentación.
Pero, desde el 2016, cuando estaba en pleno la discusión para cambiar las reglas, la Defensoría cuestionó la propuesta porque las normas podrían poner en riesgo la salud de los consumidores y el ambiente.
Pese a eso, la legislación se puso en vigencia y ahora es impugnada ante la Sala IV, en el marco de una investigación de la Defensoría sobre legislación, uso y control de agroquímicos en Costa Rica, iniciada en setiembre del 2016.
Críticas. La acción de inconstitucionalidad alude a los artículos del decreto que permiten el denominado registro por incorporación para productos nuevos y al registro por información con referencias o equivalencia, que aplica a genéricos.
El primero permite: “la aceptación del registro de estos ingredientes otorgados previamente por un país o región comunitaria de referencia, cuyas regulaciones y evaluación integral de los datos científicos garantizan un nivel de protección similar o superior al establecido en la normativa costarricense”, de acuerdo con el reglamento.
Eso significa que la información de los registros de otras naciones, como las de la Unión Europea (UE) o Estados Unidos, se convalidan aquí y se puede comercializar el producto.
Empero, la acción de la Defensoría advierte de que ese procedimiento no garantiza la presentación de la información propia completa de cada producto para la evaluación previa, por parte de la autoridad competente y los otros ministerios involucrados, que permita el adecuado análisis de la calidad y eficacia del producto, así como de los riesgos que su uso implique para la salud y el ambiente.
De acuerdo con la ley, la autoridad competente para realizar el registro de agroquímicos y controlar su uso es el SFE, pero también intervienen los ministerios de Salud y de Ambiente.
En lo relativo al registro por equivalencia de los ingredientes activos, que se refiere a los productos genéricos, se cuestiona que estos productos sean registrados solo mediante el uso de información referenciada y no mediante equivalencia.
Defensa. Carlos Hidalgo, directivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, manifestó que el registro por incorporación solo se permite para inscribir los ingredientes activos; es decir, la materia prima.
Luego de eso se hace la presentación final, que se denomina producto formulado, el cual, antes de poder salir al mercado, debe presentar toda la información a los ministerios de Salud, Ambiente y MAG.
En el caso de la equivalencia, Hidalgo dijo que se trata de mecanismos ya avalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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