Premio y precio son diferentes
En la edición digital de La Nación del 2 de julio y en la impresa del 3 de julio pasado se consignaron algunos errores con respecto al resultado del sorteo del Gordito de medio año.
En el ejemplar impreso, erróneamente se tituló “¢440 millones del Gordito de medio año no se vendieron”.
Convertir el valor de venta de las fracciones en el valor del premio es incorrecto. Cada pedacito costaba ¢2.500. Las ocho fracciones no vendidas representan ¢20.000. Ese monto es el que la Junta de Protección Social de San José (JPS) dejó de percibir, no ¢440 millones.
Tampoco es cierto que los ¢440 millones quedan en manos de la JPS, puesto que, legalmente, está establecido que los premios no pagados pasan a formar parte de las utilidades. Ese monto se suma a los recursos que se transfieren a más de 500 programas sociales que tienen en ejecución 400 organizaciones sociales sin fines de lucro y 12 entidades públicas.
En programas de atención directa se atiende una población de 40.000 personas y la JPS también invierte en programas de cobertura nacional como son el de tamizaje neonatal, fortalecimiento de instituciones de salud pública y vacunación, entre otros.
La Ley 8718 ordena el destino específico de las utilidades de la lotería estatal. No sobra ni un cinco y la JPS no se deja dinero que no le corresponde.
El Gordito de medio año salió a la venta en tres emisiones con un premio mayor de ¢550 millones, que suman ¢1.650 millones. En este caso la nota consignó que el total a pagar por dos emisiones era de ¢1.100 millones.
Restar los ¢440 millones del total que corresponde al premio mayor puede inducir al error de considerar que se pagarían únicamente ¢660 millones. Es importante recordar, además, que a ese monto se le suman otros premios directos e indirectos, entonces, la cifra total es superior a los ¢4.901 millones.
Por otra parte, alcanzamos las expectativas económicas con este sorteo. Las utilidades para programas sociales serán más de ¢869 millones, el descuento para las personas vendedoras significa más de ¢715 millones y el aporte a la Tributación Directa por el pago del impuesto a las utilidades supera los ¢112 millones.
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