OEA llama a Daniel Ortega a negociar elección anticipada
Iglesia católica propuso adelantarla de 2021 a 2019
WASHINGTON Y MANAGUA. AFP.La Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó ayer al Gobierno de Nicaragua a dialogar con la oposición sobre fechas para realizar elecciones anticipadas, luego de tres meses de protestas antigubernamentales que dejan alrededor de 300 muertos.
En una resolución aprobada por 21 de sus 34 países miembros, la OEA también reiteró su “enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo, según lo documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
La resolución fue auspiciada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, y aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada en la sede en Washington, sin la anuencia de Nicaragua.
La iniciativa adoptada urge a todas las partes a reanudar las conversaciones para “generar soluciones pacíficas” en Nicaragua, y exhorta al gobierno de Daniel Ortega a que “apoye un calendario electoral acordado en el contexto del proceso de diálogo nacional”.
La posibilidad de adelantar elecciones del 2021 al 2019 fue propuesta por la Iglesia católica como salida a la crisis, aunque Ortega la descartó.
“Desconocemos la resolución aprobada y la rechazamos categóricamente”, manifestó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en la sesión de la OEA, luego de denunciar los “embates terroristas” que sufre su país.
Terrorismo. Y para combatir esa situación, el Parlamento nicaragüense aprobó el lunes una ley que condena hasta con 20 años de prisión a quienes participen o apoyen protestas, una medida que para la oposición es un intento de criminalizar las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
“Quieren amedrentar a las personas que han estado protestando y apoyando” las manifestaciones antigubernamentales, sostuvo el dirigente estudiantil Jean Carlos López, uno de los delegados opositores en el diálogo con el Gobierno.
El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó la reforma legal que castiga con entre 15 y 20 años de cárcel a responsables del terrorismo.
La legislación define como terrorista a toda persona que “cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya bienes” o cometa otros delitos para “obligar a un gobierno” a hacer o dejar de hacer un acto.
El abogado y exdiputado opositor José Pallais señaló que la reforma “confunde el delito de terrorismo con elementos políticos de rebelión y motín”.
En tanto, fuerzas leales al Gobierno mantuvieron ayer bajo fuerte vigilancia la ciudad de Masaya, tras desmantelar la víspera barricadas levantadas por opositores.
Policías y paramilitares armados recorrieron la ciudad en camionetas, mientras otros limpiaban las calles de los adoquines usados en las barreras.
“Proclamamos nuestra victoria sobre esas fuerzas tenebrosas, diabólicas, que durante tres meses azotaron y secuestraron la paz”, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Un organismo de derechos humanos denunció que unos 200 pobladores huyeron por las laderas de la laguna de Masaya perseguidos por la Policía por su participación en las protestas.
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