Fiscalía investiga a magistrada y a juez que le suspendió castigo
→ Autoridades secuestran videos y documentos por ágil trámite de juzgador
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato contra el juez Alcevit Godínez Prado, quien suspendió el castigo impuesto por la Corte Plena contra la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias.
Como parte de esa investigación, este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó de “secuestrar elementos probatorios relevantes” en la oficina del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, en Calle Blancos, San José.
“Es un secuestro de documentos y no un allanamiento”, aclaró la misma Fiscalía.
Esta intervención se da “para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias”, agregó el Ministerio Público en un comunicado emitido ayer a las 5 p. m.
El miércoles 18 de julio, a las 4 a. m., la magistrada Arias acudió ante el juez de turno para solicitar una medida cautelar provisionalísima contra la suspensión de dos meses en el cargo, y sin goce de salario, que le impuso la Corte Plena por “falta grave”, al haber desestimado en febrero del 2017 una causa por tráfico de influencias contra los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente, en relación con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
En esa decisión también participaron los magistrados Carlos Chinchilla Sandí (quien se acogió a su pensión el lunes), Jesús Ramírez Quirós y María Elena Gómez Cortés (suplente).
A los cuatro altos jueces, inicialmente, se les había impuesto una sanción de amonestación escrita, pero, este lunes, un sindicato de investigadores judiciales pidió revisar esa votación y fue cuando la sanción por “falta grave” se elevó a suspensión sin goce de salario por dos meses.
Esta acción motivó la gestión de Arias ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. El miércoles, en cuestión de tres horas, a las 7 a. m. y media hora antes de terminar su jornada, Godínez acogió la petición de la magistrada, que es provisional.
Entre las pruebas que secuestraron fiscales y agentes del OIJ en el Tribunal están videos y libros de control con las entradas y salidas del edificio.
La indagación se realiza de momento contra persona ignorada y se alegó que, por seguridad en la preservación de la prueba, el Ministerio Público ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en los aspectos adicionales del proceso penal.
Tanto Arias como Gómez acudieron al Tribunal Contencioso-Administrativo de manera independiente, sin haber recibido la notificación del castigo que les impuso la Corte Plena.
Godínez es un juez interino. Ocupa una plaza de juzgador tres desde el 9 de abril del 2012, y desde el 2 de abril del 2014 sustituye a la jueza titular del Contencioso-Administrativo, que está nombrada desde entonces, de forma interina, en el Tribunal de la Inspección Judicial.
Esta semana a Godínez le correspondió el turno de la noche, que se inicia a las 4:30 p. m. y termina hasta las 7:30 a. m. del día siguiente y es por disponibili- dad, detalló en un comunicado el departamento de prensa del Poder Judicial.
A la resolución de una medida cautelar se le conoce jurídicamente como del tipo ante causam, o sea, antes de que se plantee la demanda completa para lo cual la persona interesada, en este caso Doris Arias, tiene un plazo de 15 días.
La disposición adoptada por el juez Godínez tiene carácter de provisionalísimo y usualmente se adopta para evitar un perjuicio mayor, tanto de la persona interesada como a la institución estatal demandada, en este caso el Poder Judicial.
De acuerdo con el trámite normal de los asuntos, un juez, una vez finalizada su jornada de disponibilidad, pasa los asuntos ante causam a los jueces que atienden por el fondo. Eso implica que ese otro funcionario debe resolver en definitiva lo que corresponda a la medida cautelar para lo cual tiene que dar audiencia a la otra parte.
Investigan a magistrada. Paralelamente a la investigación por el presunto delito de prevaricato, la Fiscalía General de la República inició, de oficio, un proceso penal contra la magistrada Arias por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Dicha indagación está a cargo de la fiscala general de la Re-
“(LA INTERVENCIÓN SE DA) PARA INVESTIGAR LA ACTUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS PERSONAS FUNCIONARIAS JUDICIALES QUE TUVIERON RELACIÓN CON EL TRÁMITE JUDICIAL Y LA RESOLUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA MAGISTRADA ARIAS .
Ministerio Público
Comunicado emitido a las 5 p. m.
María Elena Gómez
Magistrada suplente
’ ’
“DESDE QUE HAY UNA SANCIÓN SE TIENE LA POSIBILIDAD DE HACER TODAS LAS ACCIONES LEGALES COMO PRESENTAR REVOCATORIAS (ANTE LA CORTE PLENA) Y DESPUÉS IRSE AL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO. CLARO QUE NO VOY A PERMANECER TRANQUILA (...).
’’
pública, Emilia Navas Aparicio, en vista de que Arias, de 56 años, goza de inmunidad debido a su alto cargo.
La apertura de la causa fue confirmada por la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual detalló que la pesquisa está en la etapa preliminar. El delito de tráfico de influencias castiga a los funcionarios que influyan en un servidor público, favoreciéndose de su cargo para obtener una ventaja indebida.
Caso de magistrada suplente. Este jueves, el juez Alcevit Godínez también aplazó la suspensión del cargo por dos meses sin salario, impuesta por la Corte Plena contra la magistrada Gómez Cortés.
Gómez hizo la gestión ayer, en la mañana, apenas unas horas después de manifestar, en una entrevista con La Nación, que no pediría la medida provisionalísima hasta tanto no estuviera notificado el fallo completo de la Corte. Sin embargo, a las 4:30 p. m. de este jueves las partes no lo habían recibido.
“Desde que hay una sanción se tiene la posibilidad de hacer todas las acciones legales como presentar revocatorias (ante la Corte Plena) y después irse al Contencioso-Administrativo.
”Claro que no voy a permanecer tranquila, pero primero tengo que ver cuáles son los fundamentos de la resolución. Una vez que estén notificados, valoraré cuáles son las acciones legales que voy a tomar en razón de esta sanción”, declaró Gómez en aquel momento.
El caso de la magistrada suplente se tramita en el expediente N.° 18-005891-1027-CA, confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial.
El aplazamiento de lasanción es de forma temporal, y, al igual que en el caso de Arias, le permitirá a Gómez plantear la demanda formal contra la Corte por el castigo disciplinario impuesto el lunes anterior.