País abre dos albergues para nicaragüenses que piden refugio
→Gobierno tico está activo al promover condenas contra el régimen de Ortega →Cancillería lidera la campaña que llegó a organismos como la ONU y la OEA
En los últimos dos meses, Costa Rica ha enfocado la labor de su maquinaria diplomática en visibilizar, ante la comunidad internacional, la violencia del régimen de Daniel Ortega contra los civiles en Nicaragua.
Los esfuerzos costarricenses se centran en pedidos para desmantelar los grupos parapoliciales, cesar los ataques a los manifestantes, suspender las detenciones arbitrarias y adelantar las elecciones.
El país logró que 12 naciones latinoamericanas emitieran un pronunciamiento sobre el tema e impulsó las resoluciones que dos organismos internacionales tomaron, al criticar la forma en que Ortega ha reprimido a la población desde el pasado 18 de abril, cuando empezaron las protestas contra su gestión.
La primera resolución la tomó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de julio en Ginebra, Suiza. En esta se les recuerda a los Estados que deben respetar los derechos civiles y políticos de las personas que protestan pacíficamente. “Nada justifica el uso indiscriminado de la fuerza letal contra multitudes”, alegó Costa Rica cuando 50 países apoyaron el pronunciamiento.
La segunda la aprobó este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya presidencia pro tempore ocupa Costa Rica.
Esta declaración pretende que se identifique a los responsables de la violencia en Nicaragua por medio de procedimientos legales. Además, exige el desmantelamiento de los grupos parapoliciales que han castigado a los manifestantes, al tiempo que exhorta al Gobierno a fortalecer las instituciones democráticas y apoyar elecciones anticipadas, en acuerdo con la oposición (el periodo de Ortega vence en enero del 2022).
Costa Rica también logró, el 16 de julio, que 12 Gobiernos latinoamericanos firmaran una condena contra los actos de intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense.
Ese documento surgió de la cumbre conjunta de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), en Bélgica, donde estuvo la canciller Epsy Campbell.
La declaración exige el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. De igual forma, pide el adelanto de las elecciones presidenciales en un ambiente “libre de miedo” y apoya a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que se constituyó en mediadora en la crisis.
El peso de esta cruzada costarricense contra el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha recaído, hasta ahora, sobre los hombros de la canciller y vicepresidenta Campbell.
También participan el gobernante Carlos Alvarado; la representante permanente de Costa Rica ante la ONU en Suiza, Elaine White, y la embajadora permanente de Costa Rica ante la OEA, Rita Hernández.
Desde que asumió la Presidencia, el pasado 8 de mayo, Alvarado y su equipo han dado numerosos discursos acerca de la crisis en Nicaragua, los cuales han ido subiendo de tono.