Plan castigaría con cárcel la violencia política contra mujeres
Proyecto propone sancionar amenazas y persecución
Un proyecto de ley propone sanciones hasta de cuatro años de cárcel para quien, mediante amenazas, intimidación o persecución, limite a una mujer que desempeñe un cargo político.
Así lo describe el Proyecto de Ley contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres (sic), iniciativa que tiene más de un año en el Congreso.
La propuesta, bajo el expediente 20.308, fue presentada ante el plenario legislativo por seis diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en marzo del 2017. Ellos fueron Maureen Clarke, Karla Prendas, Rolando González, Ronny Monge, Marta Arauz, Carlos Arguedas y Silvia Sánchez.
El texto ingresó en la Comisión de Asuntos de la Mujer el 16 de julio del 2017, donde permanece sin avance.
Una propuesta con historia. La iniciativa nació en el 2013 con el número de expediente 18.719. Sin embargo, fue archivada porque venció el plazo de cuatro años previsto para dar trámite a un proyecto de ley.
En aquella primera ocasión fue presentado por la liberacionista Pilar Porras.
Posteriormente, en el 2017, la también verdiblanca Maureen Clarke lo volvió a introducir en la corriente legislativa, apoyada por otros compañeros de fracción. “En principio, decían (algunos diputados y diputadas) que el término violencia política no existía”, mencionó Clarke.
Hoy, el proyecto cobra interés pues recientemente la diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, demandaron penalmente al legislador del PRN Melvin Núñez.
Segreda presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República el 3 de julio, mientras que Hidalgo lo hizo dos días después.
La legisladora del PRN interpuso la demanda por el supuesto delito de amenazas a un funcionario público. Por su parte, la jerarca del Congreso y diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) prefirió no especificar las razones de su acusación.
Posiciones. Haydée Hernández, jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género del Congreso, dijo que el proyecto se enfoca en todas las mujeres que ejercen el derecho humano de participación política.
“Incluye a mujeres no solo de organismos políticos, sino las que se encuentran en cualquier estructura de toma de decisión, no solo mujeres en puestos designados, electos popularmente. Por ejemplo, las cooperativistas, que tanto han impulsado la paridad, las que luchan desde los sindicatos y desde las asociaciones”, explicó Hernández.
Según la funcionaria, el plan ha enfrentado gran oposición, porque impone sanciones penales y no solo administrativas.
Una de las congresistas de la gestión anterior que se opuso a este proyecto fue Emilia Molina, del PAC.
Según explicó la exlegisladora, ella considera necesario contar con una normativa que sancione a quienes ejerzan el acoso político, pero no comparte que los castigos se apliquen por la vía penal. Más bien, opina, deberían ser administrativos.
“Si establecemos castigos contra la violencia política, pero penas que ya están establecidas en el Código Penal, los procesos van a ser sumamente lentos y se van a quedar ahí por muchos años. En cambio, las sanciones administrativas pueden resolverse más rápido”, aseguró.
Por su parte, Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Inamu, ve urgente contar con una ley de acoso político. No obstante, cree que el proyecto de ley actual debe someterse a cambios.
“A la luz de los recientes hechos
“EN SE INCLUSO PROPONEN ALGUNOS MENORES CASOS SANCIONES A
LAS EXISTENTES PARA FORMAS DE AGRESIÓN EQUIVALENTES, O LIMITA RESTRICTIVAMENTE ALGUNAS FORMAS EN LAS QUE SUCEDE LA AGRESIÓN.
Patricia
Mora
Ministra de la
Condición de la Mujer
de acoso contra varias compañeras legisladoras y que ponen en evidencia un contexto general de hostilidad hacia la participación de las mujeres en espacios políticos, considero necesario el diseño de medidas legales apropiadas y precisas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos”, puntualizó la ministra.
No obstante, dijo que la propuesta que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa no contiene las definiciones y herramientas jurídicas idó- neas para combatir la violencia y el acoso políticos en sus distintas expresiones.
“En algunos casos se proponen sanciones incluso menores a las existentes para formas de agresión equivalentes, o limita, restrictivamente, algunas formas y eventuales víctimas en la que sucede la agresión. No solo en el escenario partidario-electoral las mujeres sufren de esta forma violencia”, señaló Mora.
Según la jerarca, la iniciativa se limita a aspectos penales, cuando las soluciones al problema deberían ser integrales.
■