Corte paralizada por crisis interna
Nombramientos y decisiones administrativas con meses de atraso
“Claro que nos ha alterado muchísimo. Estamos preocupados por las agendas tan largas (...), quizás unos 2.000 folios. No podemos perder tiempo en estos momentos. Más bien desearíamos poder concentrarnos una o dos semanas para ver todos esos asuntos que hay”.
CARMENMARÍA ESCOTO PRESIDENTA INTERINA DE LA CORTE DE JUSTICIA
La aplicación de sanciones administrativas contra magistrados, fiscales y jueces, con la recurrente presentación de recusaciones, apelaciones y nulidades, tienen secuestrada la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial.
La situación se arrastra desde hace unos ocho meses, pero se complicó en las últimas tres semanas. En este tiempo, los 22 magistrados que la integran han realizado sesiones de hasta 10 horas para analizar la actuación de compañeros. Específicamente, conocieron y discutieron sobre acciones de miembros de la Sala Tercera, investigados por desestimar un proceso penal contra dos ahora exdiputados relacionados con el caso del cemento chino.
El 11 de julio anterior, la Corte resolvió amonestarlos por escrito. La decisión desató una ola de críticas por considerar que se les daba un trato privilegiado a los altos jueces, pues por la misma causa había sido suspendida durante dos meses la ex fiscala subrogante, Berenice Smith.
Una nueva sesión para revisar la votación, el 16 de julio, concluyó con la suspensión de los cuatro magistrados involucrados: el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla; la presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias; Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez .
Ese mismo día, Chinchilla anunció que se acogía a la jubilación y diversos sectores, incluidos trabajadores del Poder Judicial reclamaron transparencia y fin a la impunidad.
En gran medida, el reclamo se originó en el hecho de que las sesiones para ver asuntos disciplinarios son privadas y las votaciones, secretas, como lo establece el artículo 165 de la Constitución Política.
Por su parte, Arias y Gómez acudieron a pedir la suspensión del castigo, sin todavía ser notificadas. Un juez contencioso acogió su petición con resoluciones relámpago.
La situación derivó en otro eslabón de la crisis. El Ministerio Público abrió una causa penal por la posible comisión del delito de tráfico de influencia contra Arias y Gómez, y el juez contencioso Alcevith Godínez encara una investigación por prevaricato.
Meses atrás, entre noviembre y febrero, la situación del entonces magistrado Celso Gamboa fue la que ocupó las sesiones de los altos jueces.
El funcionario fue investigado y suspendido debido a una causa por supuesto tráfico de influencias y también con posibles vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo por el cemento chino, quien hoy guarda
Desazón
prisión preventiva.
La Asamblea Legislativa destituyó a Gamboa en abril.
Preocupación. Este lunes, la sesión de Corte Plena fue privada pues debían analizar otro proceso disciplinario, sin que trascendiera de quién.
“No podemos salir a los medios a dar ninguna manifestación. Los procesos administrativos disciplinarios tienen carácter confidencial”, manifestó durante un receso Carmenmaría Escoto Fernández, presidenta interina de la Corte.
Según Luis Fernando Salazar, integrante de la Sala Constitucional, aunque se hacen esfuerzos por sesionar una o dos veces por semana de manera extraordinaria, los casos pendientes no dejan de acumularse.
“Hay más de 100 asuntos, casi 120 que están agendados (sic) para conocimiento y esto va a ameritar incluso buscar una solución con otra sesión extraordinaria una vez por semana”, añadió.
Estas circunstancias han provocado que la Corte se haya retrasado en la atención de otras funciones que por ley le corresponden como nombramiento de jueces en plazas vacantes en materia laboral o de familia, por ejemplo.
“Si usted revisa la agenda, llevamos como seis meses de retraso en el nombramiento de jueces, de resolver conflictos de competencias entre salas, de concursos.
”Ciertamente, tanto procedimiento disciplinario nos ha mermado el tiempo disponible para atender en Corte Plena los asuntos que por ley le corresponde como máximo órgano de función administrativa”, reconoció también Román Solís, miembro de la Sala Primera.
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“CLARO QUE NOS HA ALTERADO MUCHÍSIMO. ESTAMOS PREOCUPADOS POR LAS AGENDAS TAN LARGAS (...). QUIZÁS UNOS 2.000 FOLIOS. NO PODEMOS PERDER TIEMPO EN ESTOS MOMENTOS. MÁS BIEN DESEARÍAMOS PODER CONCENTRARNOS UNA O DOS SEMANAS PARA VER TODOS ESOS ASUNTOS QUE HAY (PENDIENTES).
Carmenmaría Escoto
Presidenta interina de Corte