Un marco fiscal climático para Costa Rica
Apropósito de la situación fiscal de nuestro país y con el ánimo de contribuir no solo al saneamiento y sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también a mitigar situaciones adversas a la población, la Contraloría General de la República (CGR) ha venido insistiendo en la toma de decisiones estructurales con visión integral.
Riesgo creciente. Con esto en mente, Costa Rica está expuesta a otro tipo de riesgos que demandan similar visión y medidas, como los fenómenos asociados a las características hidrometeorológicas y climáticas, que nos exponen a eventos cada vez más frecuentes e intensos. Es el caso, por ejemplo, de deslizamientos, inundaciones, sismos, vulcanismo y sequías causadas por el aumento de la temperatura global. Esto incide en infraestructura pública, salud, producción y bienestar de la población, lo que, a su vez, ejerce una enorme presión sobre las finanzas públicas. Entre 1988 y el 2010 se registraron 320 eventos extremos y la tendencia es creciente.
La CGR ha prestado atención a este asunto, lo que nos motiva a recomendar a los gestores públicos incluir el cambio climático en la administración oportuna de riesgos, lo que permite orientar el diseño de la política pública y la previsión de recursos para atender, adaptarse y mitigar sus efectos. Las circunstancias en este contexto demandan apremiantes recursos financieros, tecnológicos y humanos.
Costos. La CGR estimó que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura afectada por inundaciones, temporales y sequías pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 millones en el 2010, en este último año representó el 1,01 % del PIB. Se determinó un crecimiento exponencial del costo en carreteras, puentes, acueductos y otra infraestructura relevante.
Entre 1988 y el 2010 los costos de estos fenómenos climáticos extremos variaron entre 0,3 % y 1,7 % del PIB por año, y, en promedio, cada trimestre es un 3 % más costoso que el anterior. Se estima, además, para el periodo del 2011 al 2025 un costo creciente en la atención de los eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos.
Al 2025, en un escenario conservador, estos costos consumirían entre un 0,68 % y 1,05 % del PIB ,y en un escenario que prevé mayor riesgo, entre 1,64 % y 2,50 % del PIB. Este último porcentaje implicaría erogar 1,47 veces el máximo porcentaje del PIB en que se ha incurrido a la fecha.
Para el 2018, distintas predicciones de la temporada de huracanes apuntan a 14 tormentas tropicales, unos 7 huracanes y, de estos, quizás tres serán de categoría 3 o superior.
Marco fiscal. Nuestro país urge la creación de un marco fiscal climático, el cual daría los mecanismos que permitan identificar y proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos.
Este marco permitiría la identificación y estimación precisa de las fuentes de recursos, la asignación de los recursos según prioridades –lo cual es fundamental ante la escasez de recursos públicos–, las necesidades urgentes, las cuentas presupuestarias que permitan identificar el gasto climático y la inversión en obra pública resiliente.
El marco fiscal climático es un instrumento de carácter preventivo que podría contribuir de forma positiva para enfrentar los eventos climáticos adversos. Se podrían mejorar situaciones como la informada recientemente por la CGR , acerca de la gestión y los mecanismos de control implementados por los Comités Municipales de Emergencias (CME) en la prevención de riesgos y atención de emergencias en los cantones de Turrialba, Matina, Parrita, Upala, Sarapiquí y Nicoya.
En algunos de estos cantones, la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) es débil y los CME no han impulsado medidas preventivas, como, por ejemplo, sistemas de alerta temprana (pluviómetros para la medición de los niveles de los ríos y sirenas). Es el caso del huracán Otto y la tormenta tropical Nate, que ocasionaron, respectivamente, pérdidas estimadas en ¢39.704 millones en Upala y Sarapiquí y de ¢22.933 millones en Turrialba, Parrita, Nicoya y Upala.
La situación fiscal es compleja. Es imperativo tomar nota y hacer previsiones presupuestarias para enfrentar eventos climáticos extremos, de manera que el país, su infraestructura, producción y su población, estén mejor protegidas.
Este marco permitiría la identificación y estimación precisa de las fuentes de recursos