La sensatez debe prevalecer
La crisis que afecta al Poder Judicial debe abordarse y atenderse con prudencia, evitando y rechazando las improcedentes e inconvenientes reacciones histéricas que tergiversan la realidad, generan desánimo en los ciudadanos y conducen a conclusiones y decisiones erróneas.
En el tratamiento de esta delicada situación se requiere seriedad, sabiduría y firmeza, pero, fundamentalmente, sensatez, tanto de la clase dirigente, cuanto de la ciudadanía en general, no las voces agoreras y pesimistas, ni las actitudes inquisidoras que producen caos y desesperanza.
Un ambiente de desorden y de pesimismo, de desconfianza en nuestra institucionalidad, además de ser un obstáculo para la búsqueda de adecuadas soluciones, es propicio para el discurso antisistema y favorece los proyectos políticos de los demagogos y populistas, que saben pescar en río revuelto.
Cuando los ciudadanos desconfían de las instituciones, como sucede en este caso, estas sufren el desdén de la ciudadanía y la consecuencia de ello es el deterioro de la legitimidad del sistema. La confianza ciudadana constituye el soporte más importante de cualquier sociedad democrática.
Percepción. La gravedad de los hechos denunciados impactó de tal manera a los costarricenses que se ha generado un sentimiento colectivo de desconfianza en los jueces y la percepción de que todo el aparato judicial del país ha sido permeado por la corrupción, lo que es desproporcionado e injusto.
Las acciones adoptadas a raíz del caso sobre el cemento chino, destapado por la prensa hace algunos meses y que involucró a miembros de los tres poderes de la República, muestran que nuestro sistema jurídico e institucionalidad, a pesar de los defectos evidenciados, aún funciona.
Sistema. Tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema de Justicia han sancionado, apegadas a derecho y al debido proceso, a algunos de los responsables de las anomalías denunciadas: un magistrado fue destituido, cuatro más han sido suspendidos, se sancionó a los anteriores jerarcas de la Fiscalía y algunas de las personas involucradas en el affaire del cemento chino guardan prisión preventiva.
La investigación sobre el caso sigue su curso en manos de un Ministerio Público renovado, al mando de una experimentada profesional que goza de la confianza de los costarricenses, lo que garantiza que esa investigación y las acusaciones que eventualmente se establezcan serán realizadas y valoradas con objetividad y en estricto apego a lo que jurídicamente corresponda.
Enojo público. Por otra parte, las denuncias de irregularidades y las demandas de reformas exigidas por diversas organizaciones de los funcionarios judiciales, aun en contra de los propios jerarcas institucionales, así como los planteamientos de algunos magistrados para transparentar los procesos disciplinarios y establecer un riguroso código de ética, son muestras de las reservas morales existentes en ese poder de la República.
Los cambios a lo interno del Poder Judicial deben ser acompañados, en el ámbito legislativo, por una mayor responsabilidad en el nombramiento de los magistrados, para que su selección se base solo en la trayectoria y los atestados personales de los aspirantes y se excluya cualquier consideración de carácter político-partidista.
Además, es importante que los magistrados comprendan que, junto a las secuelas producidas por el caso del cemento chino, las revelaciones que ha hecho la prensa sobre las privilegiadas condiciones del régimen de jubilación que se han recetado, son las causas de la indignación y el enojo de los ciudadanos, que ambos factores han gestado la tormenta perfecta que los tiene a punto de zozobrar y, si quieren salir airosos de situación tan adversa, es indispensable realicen la reforma a dicho régimen.
Porque la gente puede entender que las faltas éticas cometidas por unos pocos jueces no son motivo para hacer pagar a justos por pecadores, pero los privilegios de su régimen de pensiones, sus excesos, de los que se benefician todos, son, en todo caso, además de injustificables e inaceptables, incomprensibles para el “ciudadano de a pie”.
La estabilidad de nuestro sistema democrático exige superar esta crisis a la brevedad posible y que de ella se derive un Poder Judicial fortalecido, más transparente, que recupere la confianza de los ciudadanos, y para lograrlo es necesario que prevalezca la sensatez.
La estabilidad de nuestro sistema democrático exige superar esta crisis a la brevedad posible