Reforma de la administración pública

La comisión nombrada por el presidente Alvarado comenzó por examinar lo sucedido con grupos similares en el pasado reciente.

María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, es la primera en admitir la larga y por lo general infructuosa sucesión de comisiones para reformar el Estado, su administración o la de alguna entidad en particular, como la Caja Costarricense de Seguro Social. La funcionaria recuerda unos 21 documentos con cerca de 200 recomendaciones redactadas entre la década de los 80 y la actualidad.

Por eso suscitan escepticismo las dos comisiones nombradas por el presidente, Carlos Alvarado, para estudiar la reforma del Estado y de la Administración Pública, esta última presidida por la ministra Garrido. Inevitablemente, los dos grupos de estudio fueron bautizados con el apellido “de notables” y eso les hace un flaquísimo favor. Primero, los funde con fallidos ejercicios del pasado y, después, les infunde un tufillo olímpico y anacrónico. En la Costa Rica de hace décadas, el puñado de ciudadanos “notables” se distinguía con facilidad del resto, pero en la actualidad el país cuenta con amplios sectores de expertos en todas las disciplinas e infinidad de ciudadanos destacados en muchos campos.

Hecha a un lado la desafortunada nomenclatura, queda la sombra de fracasos anteriores. Sin duda por eso, la comisión de reforma de la Administración Pública comenzó por examinar lo sucedido en otras oportunidades. El propósito es evitar los mismos errores. La ministra se pregunta por qué las recomendaciones caen en el vacío y cómo evitar la falta de concreción de las metas. El segundo cuestionamiento lleva, implícita, la respuesta al primero. Una importante razón de los fracasos habidos es la dispersión, la exagerada amplitud de objetivos y el menosprecio al detalle.

La voluntad de diferenciar el nuevo emprendimiento está reflejada en el examen de los anteriores y, también, en la clara delimitación de cinco áreas de énfasis así como la decisión de emitir recomendaciones sobre la marcha y dar seguimiento a su ejecución. Los integrantes de la comisión renuncian a refundar la República y comprenden la importancia de reformas más concretas y factibles. Eso podría marcar la diferencia.

La comisión se concentrará en la simplificación de trámites, el empleo público y la articulación de esfuerzos gubernamentales dispersos, redundantes e ineficaces. También trabajará el tema de la transparencia, no solo del gobierno, sino del Estado, y la coordinación entre el Gobierno Central y las municipalidades. El temario comprende problemas de larga data, hasta ahora resistentes a todos los esfuerzos de reforma.

Hay leyes para impedir la exigencia de documentación excesiva y redundante, pero la Administración Pública no las cumple. Según la Cámara Costarricense de la Construcción, para dar un ejemplo, la tramitomanía le cuesta al país lo necesario para edificar 5.284 viviendas y hasta 4.622 puestos de trabajo.

Existe una pléyade de beneficios salariales con grave daño para la equidad y las finanzas públicas. En muchos casos, los incentivos superan el monto del salario base y se pagan aunque hayan desaparecido los condiciones que alguna vez los justificaron, como el “zonaje” en sitios antaño considerados remotos y hoy próximos en virtud de la infraestructura moderna. La necesidad de poner fin al caos apenas se discute, sobre todo ahora que parece incosteable, pero el avance se echa de menos.

Estudios de diversos expertos coinciden en la necesidad de erradicar la duplicación de esfuerzos y la ineficacia de nuestra frondosísima jungla institucional. En el sector social, algunos cálculos sostienen que debimos haber erradicado la pobreza con la inversión dirigida a combatirla, pero buena parte de los recursos se quedan en el sistema mismo. Hay unos 46 programas, 34 de dimensiones importantes, administrados por 22 instituciones sin clara rectoría.

Si la comisión se concentra en estudiar áreas como las descritas para emitir recomendaciones concretas y acompañar a las instituciones en la ejecución, podría superar la ineficacia de esfuerzos anteriores, casi todos víctimas de una comprensible, pero esterilizante ambición.

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La comisión nombrada por el presidente Alvarado comenzó por examinar lo sucedido con grupos similares en el pasado reciente

Si se concentra en un ámbito bien delimitado, emite recomendaciones concretas y acompaña a las instituciones en la ejecución, podría superar la ineficacia de esfuerzos anteriores