Matanza en La Cruz queda impune por falta de prueba
Fiscalía archiva investigación sobre asesinato ocurrido cerca de frontera
Sin pruebas para identificar a los sospechosos: ese es el estado en que quedó la investigación por la muerte de cinco miembros de una familia en La Cruz, en Guanacaste, hecho ocurrido hace un año a un kilómetro de la frontera con Nicaragua.
Por esta razón, la Fiscalía Adjunta de Liberia archivó el caso desde el 16 de febrero.
“No existe prueba alguna que permita identificar a los responsables del delito denunciado, a pesar de todas las diligencias realizadas por la Policía Judicial”, afirmó el Ministerio Público a La Nación.
La institución aseguró que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debía mantenerse al tanto de los hechos, ya que, en caso de encontrar nuevos elementos probatorios, debía comunicarlo para proceder con una orden de reapertura de la causa.
El caso, sin embargo, corre el riesgo de quedar impune.
Los hechos que se indagan ocurrieron el viernes 28 de julio del 2017 por la noche, cuando el cuidador de la finca Monte de Plata encontró a una pareja, dos de sus hijos y un yerno fallecidos en el patio de la vivienda donde habitaban.
Por lo remoto de la zona y las enormes dificultades de acceso, las autoridades lograron trasladar los cuerpos de las víctimas un día después, dos de ellos en un cuadraciclo y tres en hombros por oficiales de Fuerza Pública, así como de la Policía de Fronteras.
Ejecución violenta. Las víctimas de este hecho violento fueron Isaías Bonilla Bonilla, un costarricense de 81 años; su esposa Paula Romero Romero, nicaragüense con cédula de residencia y cuya edad nunca fue precisada, así como los hijos de ambos, los guanacastecos Wilber Bonilla Romero (26) y Wálter Jesús Bonilla Romero (24).
Según los registros judiciales, ninguno de ellos contaba con antecedentes penales.
La quinta víctima mortal fue identificada como Carlos Alberto Pacheco, un nicaragüense de 26 años, con cédula de residencia y yerno de la pareja, quien tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego permitida. Al parecer, la noche del 28 de julio del año pasado los fallecidos fueron sacados a la fuerza de su casa, puestos en fila y ejecutados uno por uno con un disparo en la frente.
Como parte de las evidencias recolectadas está el cartucho de una escopeta calibre 12, por lo que se presume que fue el tipo de arma de fuego utilizada por los pistoleros. La Policía Judicial atribuyó los hechos a una venganza, aparentemente contra Carlos Alberto Pacheco.
Presuntamente, Pacheco habría participado en el homicidio de una persona vinculada al narcotráfico en Nicaragua y, tras eso, regresó a Costa Rica.
Según el OIJ, esa hipótesis es
la más fuerte porque el hombre era el único que, aparte del balazo en la frente, tenía las manos esposadas. La familia masacrada se dedicaba a las labores agrícolas y tenía cultivos para el consumo propio, al igual que árboles para la extracción de madera. Además, poseían algunas reses y caballos.
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