Popular busca ocultar la millonaria multa impuesta por Sugef
El Banco Popular (BP) procura que la multa de ¢279 millones que la Sugef le impuso hace nueve años por violar la ley que previene el lavado de dinero, no salga a la luz pública ahora que el Conassif dejó en firme la sanción.
El BP acudió al Tribunal Contencioso-Administrativo a pedir una medida cautelar, con el objetivo de frenar el cobro de esa suma y declarar confidencial el caso, petitorias que fueron aceptadas por el juez.
En específico, ese órgano impidió “cualquier tipo de publicidad e información al público” relacionada con las resoluciones sancionatorias de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).
“Que se le ordene a la Sugef, Conassif y/o Banco Central de Costa Rica, que se suspenda toda publicación e información al público, relacionada con los puntos uno y dos antes mencionados (resoluciones de la Sugef y Conassif). Esto, por cuanto se dañaría en forma irreparable e irreversible la imagen de este banco”, formuló el Popular.
Así consta en el expediente N.° 16-008225-1027-CA, del cual La Nación tiene una copia.
El Banco presentó la solicitud el 26 de agosto del 2016 y ese mismo día el Tribunal acogió la medida de manera provisionalísima, y quedó en firme nueve meses después, el 9 de mayo del año pasado.
Escenario catastrófico. Ante el Contencioso, el Banco argumentó que, si la sanción sale a la luz pública, la entidad tendría una pérdida económica de ¢16.283 millones. Esa fue la estimación de Maurilio Aguilar Rojas, entonces director de Riesgo Corporativo del BP.
El ahora exgerente general del Popular, Geovanni Garro, es quien suscribió la petitoria de medidas cautelares. En el documento, él insistió en que la revelación del castigo podía generar una “percepción errada respecto de la situación real acaecida”, pues se trata de un caso del 2006 y el 2007.
Garro explicó que el 64% de la captación del Banco en colones proviene de la colocación de ahorros a plazo de personas jurídicas, ya sea mediante la bolsa o por ventanilla.
En su criterio, bajo un escenario “conservador”, el 50% de esas captaciones no se renovarían a su vencimiento: “Ante una incertidumbre sobre el tratamiento de la normativa de cumplimiento en el BP, estarían siendo retirados por los clientes, ya sea que por política institucional de ellos o que por normativa se vean limitados a tener sus inversiones en un intermediario sancionado”.
Otros alegatos del Banco son que va a haber una caída de las captaciones en dólares (también en un 50%) y en las captaciones de emisiones estandarizadas en Panamá, así como los recursos captados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
En términos generales, el BP prevé una reducción de sus activos en un 4,94% y una caída de más del 50% en la utilidad proyectada a un año; es decir, los ¢16.283 millones.
A la vez que gestionó la medida cautelar, el Popular también planteó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) la posibilidad de que la sanción no se hiciera pública en un “hecho relevante”.
La Sugef refutó los argumento del Popular cuando respondió a la solicitud de medidas cautelares. El entonces superintendente Javier Cascante cuestionó: “¿Cuáles son los elementos verificables, técnicos, objetivos que permitan tener ese escenario como un escenario real y no como fruto de la imaginación del autor?
”Lo cierto es que el análisis de la información sobre los posibles impactos expuestos por el Banco no contiene respaldos que lo sustenten e, inclusive, no se ejemplifica con algún evento grave en la historia del Banco que haya mostrado un impacto de esa magnitud”.
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