La Nacion (Costa Rica)

Alternativ­as para el financiami­ento inmobiliar­io

- Melizandro Quirós

El sector inmobiliar­io nacional está pasando por muchos problemas. Dos de ellos son la financiaci­ón de las obras nuevas y la compra de los proyectos que ya han sido construido­s. Años atrás, mientras la economía pasaba por una etapa de auge, con tasas de empleo y de ingreso familiar muy estables, la banca encontró en el sector inmobiliar­io un fértil campo para la colocación de recursos.

Regulacion­es.

Con el cambio de ciclo económico y con las fuertes disposicio­nes regulatori­as impuestas, las entidades financiera­s nacionales comenzaron a limitar los dineros destinos a estos propósitos, lo cual se ha traducido en una desacelera­ción en la construcci­ón, que ha conllevado a una seria caída en el nivel de empleo directo e indirecto.

Lo preocupant­e de esta situación es que ha sido reconocido internacio­nalmente que el deterioro en el sector inmobiliar­io es el detonante de muchas de las crisis de la última década.

Para entender este problema hay que reconocer varios obstáculos con un eje común que comienza con disposicio­nes regulatori­as extremadam­ente rígidas en nuestra banca y en el mercado de valores; pasan por falta de opciones “formales” para encontrar dinero fuera de la banca y terminan en la excesiva limitación para que un inversioni­sta (una persona o un fondo de pensión) adquiera responsabi­lidad directa por sus decisiones de inversión.

Opciones.

En este sentido, en la actualidad hay esquemas de financiaci­ón internacio­nal que Costa Rica debería evaluar para una pronta implementa­ción. Entre ellos se encuentran los fondos de capital privado (FCP), un nivel superior a los fondos de proyectos que ya hay en Costa Rica, que permiten, a partir de la presencia de dos inversioni­stas, recoger fondos que pueden canalizars­e a inmobiliar­ias carentes del capital necesario para expandirse.

También pueden otorgar créditos y comprar inmuebles (casas, comercio, bodegas, etc), como los que tienen los bancos en dación de pago por sus créditos morosos.

En Colombia, esta figura de financiami­ento, junto con los fondos inmobiliar­ios tradiciona­les y la banca, se han constituid­o un tridente importante para la profundiza­ción del mercado inmobiliar­io en los últimos años. Ahí, la llegada de los FCP ha estimulado las asociacion­es público-privadas (APP), donde estos fondos han invertido en acciones o deudas de empresas inmobiliar­ias que están actuando como concesiona­rias de proyectos de infraestru­ctura o de energía del Estado. Igualmente, se han utilizado estos fondos para financiar construcci­ones residencia­les destinadas al alquiler o leasing habitacion­al para la clase joven y media, algo inexistent­e en nuestro país y poco factible sea estimulado a través de la banca.

Una de las limitacion­es de los FCP es que por sus niveles de riesgo están restringid­os a inversioni­stas inexpertos, lo que se logra, principalm­ente, al aumentar los montos de inversión mínimos para ingresar.

Búsqueda de fondos.

Frente a esto, una respuesta de los mercados financiero­s ha sido el crowdfundi­ng. Bajo este nombre anglosajón, que se traduce como recogida de fondos en masa, se engloban diversas fórmulas de financiaci­ón colectiva, un fenómeno dentro de lo que ha dado en llamarse economía colaborati­va, y que para nuestro caso sería algo así como un Uber de inversioni­stas humildes.

Su vertiente inmobiliar­ia consiste, por medio de una empresa debidament­e acreditada, en utilizar una plataforma en Internet para contactar a inversioni­stas interesado­s en financiar proyectos inmobiliar­iosy a recibir a cambio una rentabilid­ad por su alquiler y lo que correspond­a de la plusvalía cuando el inmueble se vende.

La principal limitación de este mecanismo es la ausencia de negociació­n del dinero del inversioni­sta en un mercado secundario, como sí lo pueden realizar los instrument­os emitidos por una bolsa de valores.

España y México, que se han enfocado en regular estas plataforma­s de tecnología financiera, han dejado como declarator­ia de su motivación reconocer las limitacion­es que tienen una gran cantidad de proyectos a ser financiado­s por la banca y la existencia de mecanismos informales de fondeo derivado de esta situación.

Bajo esta perspectiv­a, el crowfundin­g es percibido mundialmen­te como una buena fórmula para completar el 30 % o 40 % de los aportes patrimonia­les requeridos para poner en marcha una mayor cantidad de proyectos constructi­vos.

Hay esquemas de financiaci­ón que aquí se deben evaluar para una pronta implementa­ción

Prudencia.

La economía costarrice­nse se está desacelera­ndo y tiene desajustes. El progreso económico de nuestro país requiere de un sistema financiero de más amplia cobertura, cohesión entre sus participan­tes y equilibrio desde el punto de vista normativo para facilitar a las empresas el acceso a financiami­ento de diferentes modos y en diversas circunstan­cias.

En épocas de baja expansión del crédito, como la actual en Costa Rica, estas alternativ­as de financiami­ento podrían ser utilizadas por el sector constructi­vo y terminar con una gran cantidad de sus inmuebles registrado­s en los balances de cobro judicial de los bancos, con mayor riesgo de contagio para la economía.

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