La urgencia de la transición política de Venezuela
CARACAS – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su gobierno han arruinado a su país. Si bien dicen ser redentores de los pobres y proclaman su voluntad para luchar por su “abnegada” causa bolivariana, rechazan la asistencia internacional, lo que obliga a los venezolanos a sufrir o a emigrar (y, en muchos casos, a morir) como consecuencia de una enorme escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos.
Urge ponerle un freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer su viabilidad como Estado y sociedad. Eso exige un nuevo gobierno de legitimidad incuestionable, elegido en elecciones presidenciales libres y justas antes de que termine este año, según lo fija la constitución. Sin duda, Maduro y sus socios no dimitirán así como así, ya que perder el poder probablemente significaría largos períodos en prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas o en La Haya por delitos de lesa humanidad. Estas acusaciones han sido corroboradas por fiscales estadounidenses, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus expertos independientes, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Visiblemente, el régimen se ha vuelto aún más desafiante y agresivo. Ha interrumpido todos los “diálogos” para alcanzar la paz en Venezuela, inclusive en mayo cuando –en medio de conversaciones con la oposición– las autoridades llevaron a cabo una elección presidencial espuria. Más del 70 % del electorado boicoteó la votación fraudulenta, haciendo caso a los reclamos de la oposición venezolana y de prácticamente todos los gobiernos democráticos del mundo. La elección inocultablemente amañada le dio la victoria a Maduro, quien ahora se proclama autorizado a ejercer un segundo mandato de seis años, que termina en el 2025.
Hoy, Maduro se esfuerza por establecer una dictadura cada vez más autoritaria, con la ayuda de una nueva “Constitución” que sería aprobada en breve por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida fraudulentamente y que sancionó la “elección presidencial” en mayo. El referendo para aprobar la nueva Constitución naturalmente volverá a ser organizado por la autoridad electoral controlada por el régimen.
El intento desvergonzado y desesperado del régimen por monopolizar el poder indefinidamente se topa con una creciente presión internacional. La comunidad internacional, tras haber verificado la gigantesca corrupción, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, hoy reconoce que el principio de no interferencia en los asuntos internos de los países ya no es aplicable. A comienzos de este mes, el representante peruano en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –con el respaldo de 53 Estados miembro– condenó al régimen venezolano por perseverar en sus conductas ultrajantes. Al rechazar la asistencia humanitaria internacional, el régimen de Maduro reconoce que mantiene intencionalmente la crisis humanitaria que ha creado como una herramienta de represión. El régimen también sigue desafiando la Carta Democrática Interamericana del 2001.
Así, la comunidad internacional se ha movilizado para aislar a Venezuela, imponiendo a su vez sanciones cada vez más amplias y severas. Pero todavía hay mucho por hacer. Se ha hecho indispensable establecer un “fondo fiduciario de recuperación”, muy similar al que se estableció en Siria, para ayudar a que más venezolanos se queden en sus hogares, protegiéndolos a la vez de la política del régimen para empeorar su difícil situación.
Una transición negociada debe incluir un programa de erradicación de la pobreza, así como una ley sobre justicia transicional y reconciliación nacional que lleve ante la justica a quienes han cometido graves violaciones de los derechos humanos y otros crímenes, inhabilitándolos para todo tipo de actividad política. La negociación de cada caso, incluida la devolución de fondos ilegalmente apropiados, debería llevarse a cabo de manera discreta, preferiblemente en cooperación con instituciones religiosas.
Las tareas necesarias para garantizar una transición pacífica para finales de este año, cuando termina el único mandato legítimo de Maduro en el poder, deberían integrarse en una hoja de ruta con plazos de cumplimiento, quizá presentada por el propio papa Francisco. Un texto de esa naturaleza, difundido idealmente antes de que termine agosto, no debería presentarse para la aprobación del régimen ni de la oposición, ya que ambos están demasiado fracturados como para participar en cualquier negociación de manera fructífera. La negativa a cumplir justificaría entonces
Urge ponerle un freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer como Estado
mecanismos menos convencionales para frenar el sufrimiento de millones de personas y la destrucción de Venezuela.
Más fácil decirlo que hacerlo. La gravedad de la situación de Venezuela y sus efectos en todo el hemisferio hasta el momento no parecen ser suficientes como para movilizar a una mayoría calificada de gobiernos de la OEA y hacerle entender a Maduro que las democracias de la región no permanecerán de brazos cruzados mientras se consolida una dictadura totalitaria y una base para el crimen organizado internacional.
Una vez que se haya establecido un nuevo gobierno democrático, las misiones en el terreno de la ONU y de la OEA deberían ser vistas como “muletas” que respaldarían al país en su retorno a la democracia y el desarrollo. La asistencia internacional sería necesaria, por ejemplo, para ayudar a desarmar a la población (especialmente a los colectivos armados), profesionalizar a las fuerzas militares y policiales, reformar el sistema judicial, administrar el programa de justicia transicional, recuperar los fondos ilegalmente apropiados, y reconstruir el sistema de salud.
Finalmente, de cara al futuro, acordar un protocolo adicional a la Carta Democrática Interamericana se ha vuelto indispensable para impedir que gobiernos electos secuestren el Estado e impongan regímenes criminales en perjuicio de las grandes mayorías. En ese sentido, la resistencia del régimen a visitas in loco por parte de organismos y relatores especiales de las Naciones Unidas y la OEA no ha impedido que produzcan sus informes y corroboren sus hallazgos por otros medios.
Es hora de actuar, y todo lo anterior, dirigido a asegurar una transición pacífica, debería haberse comenzado a instrumentar antes de mediados de diciembre, cuando tiene que elegirse, de acuerdo con la Constitución, un nuevo presidente de la República, en elecciones libres y justas supervisadas por la ONU y la OEA.
■