Magistrados, digan sí
La Sala Constitucional anunció que verá, antes del 15 de agosto próximo, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos desde el 2014 a favor del matrimonio para las parejas del mismo sexo. Será un momento histórico si el dictamen es positivo para todos, pero, especialmente, para los ciudada- nos sexualmente diversos, quienes buscan sacar su amor de la clandestinidad, adonde los prejuicios sociales y los fanatismos religiosos los han arrojado.
Esas personas lo único que desean es que el Estado sea consecuente y les trate como ciudadanos de primera clase y no los siga invisibilizando más.
Los magistrados de la Sala Constitucional tienen las herramientas jurídicas necesarias otorgadas en la Opinión Consultiva número 24 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por nuestra nación, es decir, pueden modificar el Código de Familia a fin de legalizar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
El Estado no puede seguir dándole más largas al asunto, no debe mantener en la incertidumbre a miles de familias constituidas por homosexuales que habitan en Costa Rica y desean vivir la plenitud del matrimonio y gozar de la protección que el Estado de derecho otorga a las personas en matrimonio.
Costa Rica ha sido pionera en materia de derechos humanos para las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y los inmigrantes. Somos vistos como ejemplo fuera de nuestras fronteras y hoy tenemos una nueva oportunidad de demostrar en la región de Centroamérica, históricamente violenta con las poblaciones LGTBIQ, que somos coherentes con la realidad. Nuestra nación posee la madurez necesaria para permitir el matrimonio civil igualitario.
■
El Estado debe acabar con la incertidumbre y decidir sobre el matrimonio igualitario