El buqué de odios tiene corte constitucional

No puede ser que la misoginia, la homofobia, la misandria y la teofobia le estén ganando la partida a la sociedad costarricense. Llevamos varios lustros discutiendo las mismas temáticas y aún no se resuelven. La Constitución Política es fuente viva y está para proteger a la población como elemento esencial del Estado.

El artículo 33 es claro en que no podrá cometerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Qué valiente el magistrado suplente Jaime Robleto al denunciar entre sus iguales que hay posturas de carácter religioso y acciones homófobas, cuando la teoría dice que se resuelva conforme a derecho y no con sesgos y posiciones radicales.

Más allá de lo denunciado, aparece en la escena social la tiranía, el atropello y la magnitud de violencia humillante, denigrante y desproporcionada de un mensaje dirigido a una mujer por un funcionario, un académico, un miembro de la sociedad civil, con un nivel déspota, agresivo, sexista, para luego ofrecer disculpas públicas como si nada hubiese pasado.

¿Cómo es eso posible? ¿Agraviar a una persona es una finalidad de la libertad de expresión? ¿No es acaso insultar una forma de violencia? ¿Será entonces que una finalidad del derecho a no ser discriminado per se es un asunto de postura ideológica o política? En un Estado social democrático de derecho no puede ser que discriminar e insultar abiertamente sea la tónica actual y no se tomen medidas correctivas contra tales abusos.

Más allá del límite. Lo preocupante de ambos casos, aunque de diferentes aristas, es el haber sobrepasado los límites de la tolerancia y del entendimiento humano, originando efectos adversos en la población, sin que a la larga se vislumbren en el horizonte mecanismos para impedir que todo tipo de discriminación continúe en una sociedad eminentemente positivista.

A la fecha, no se ha abordado el problema; es imposible contener los cambios de la sociedad. Hay que garantizar la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos, independientemente de su origen social o económico, gustos o preferencias. Las masas enardecen ante la incertidumbre, y si la mayor autoridad de orden supralegal no ordena, ¿cómo se pretende contener las agresiones que se han dirigido hasta llegar a los supremos poderes de la República? El ciudadano está perdiendo el respeto por la misma Constitución.

En pocos párrafos, tenemos una enfrentamiento entre la discriminación y el principio de legalidad; entre la libertad de expresión y el deber de responsabilidad. No se debe esperar para encontrar el momento oportuno, resolver lagunas que vienen arrastrando muchos ciudadanos por acciones timoratas, por falta de consenso y dirección política; no es siquiera cercano al fin primordial del Estado. El bienestar general e inclusivo es hasta ahora una utopía a vista y paciencia de quienes resuelven en última instancia las controversias y las violaciones de corte constitucional.

Ya es hora de que los poderes del Estado armonicen y le devuelvan a la sociedad instrumentos necesarios y modernos, por decirlo de algún modo, de última generación, en el ámbito de la protección de los derechos humanos y sus mutaciones sociales sin distinción.

Los seres humanos se respetan por el solo hecho de Ser, no importa su género, preferencias sexuales, su raza y de forma accesoria su credo, el cual puede ser uno en la mañana y otro distinto por la noche debido a razones intrínsecas de la misma persona, de ahí que no es necesario que la religión sea motivo de impedimento para resolver asuntos que tengan que ver con la dignidad del hombre y la mujer, en su sentido más amplio e inclusivo. No más violencia, no más discriminación.

El bienestar general e inclusivo es hasta ahora una utopía y no se vislumbra un cambio