Escuelas, cárceles y servicios de salud en la mira del CNC
→ Nueva jerarca cree que modelo se satanizó y sus pros deben ser explicados
No solo carreteras, también los servicios de salud o las cárceles y escuelas podrían ser dados en concesión.
Con esa visión inició labores, a mediados de julio, la nueva secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Paola Benavides, quien trae entre sus propósitos ampliar la cartera de proyectos que se podrían desarrollar mediante ese modelo.
“Realmente yo haré un esfuerzo no solo para que el Consejo se muestre como una cara profesional, sino también para que la concesión sea vista como una oportunidad para que el país pueda crecer en infraestructura y servicios”, aseguró Benavides.
Benavides llega obligada a levantar la imagen de la institución, pues según había dicho a finales de julio el propio jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, se requería un profesional con liderazgo y un equipo de alto nivel para negociar la ampliación de la ruta 27, concesionada a la firma Globalvia.
Esa carretera y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en manos de APM Terminals, son las únicas concesiones, pues la figura despertó muchos cuestionamientos.
Tanto es así que en abril de 2013, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, anuló el contrato de concesión con la constructora brasileña OAS, ante la protesta de vecinos de San Ramón por la tarifa de peajes que tendrían que pagar por la nueva vía de 50 kilómetros.
Para lograr que se pueda incluir otro tipo de servicios en el modelo de concesión, como admite Benavides, es necesario que el que CNC se alinee con los programas de inversión de los ministerios rectores de otros servicios como sería Salud, Educación o Justicia.
El sector privado recibe esa posibilidad de diversificación con optimismo, según Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep. Desde el sector sindical, en cambio, creen que la figura no debe trascender a otros servicios.
Intento fallido. El último intento de utilizar esa figura para ofrecer un servicio fue en 2002 cuando el Gobierno encargó a una empresa estadounidense la construcción y administración de una cárcel de máxima seguridad en Pococí de Limón, presupuestada en $72,8 millones. El Estado desistió de la contratación, entre otras razones, debido al alto costo que implicaban los pagos mensuales de $770.000, monto que igualaba el costo de 26 cárceles por un año, en aquel momento. Actualmente, hay 36 Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe). Además de cuatro cooperativas que también brindan servicios de salud.
Falta explicar. La jerarca del CNE reconoció que el término concesión se ha satanizado, situación que ella atribuye a mala comunicación.
“Hay que potenciar lo que significa concesión de obra y servicio público, hay que hacer que los usuarios identifiquen cuáles son los beneficios que pueden obtener a través de la figura y es muy importante que estos proyectos tengan impacto socioeconómico para que pueda identificarse el impacto en el desarrollo país”, añadió Paola Benavides.