Una reforma a la medida de todos
Además de su impopularidad, toda gran reforma fiscal está precedida de un sentido de urgencia, y cuánto más tiempo transcurra, el desbalance entre ingresos y gastos en el Estado serán mayores. Al borde de una crisis económica, evitar medidas que afecten la ejecución de políticas públicas, entre otros argumentos, forma parte de la estela discursiva empleada para enfatizar lo imprescindible de sumar mayores recursos a las arcas del Estado. Así fue en el pasado y así está ocurriendo actualmente.
Es necesario agregar a la discusión pública otros factores también importantes a la hora de plantearse un cambio en la Hacienda pública, de modo que el debate entre ingresos y gastos no los invisibilice. Un vistazo al pasado ubica a la progresividad como una de las justificantes por excelencia utilizadas para avanzar hacia una reforma donde la carga impositiva se concentre mayoritariamente en impuestos directos y donde quienes más tienen sean los que paguen más y quienes menos tienen lo hagan en menor proporción.
Por tanto, una reforma fiscal debe asegurar a la población que el propósito de progresividad se cumplirá y sea medible, estableciendo los medios de constatación para ello. Teniendo como referencia el pasado, algunas interrogantes clave serían: ¿Por qué otras reformas del pasado se quedaron cortas en su intento de progresividad? ¿Cuánto abona a la justicia tributaria la reforma fiscal propuesta? ¿Cuáles sectores sostendrán mayoritariamente las arcas del Estado y en qué proporción? De otra manera, la aspiración por una mayor justicia tributaria continuará siendo eso, una aspiración, repetida en el tiempo.
Gasto estatal. Otro elemento para el debate tiene que ver con la calidad del gasto público, es decir, su uso con eficiencia. Sabemos que el Estado está urgido de mayores ingresos, pero también es preciso conocer qué esperamos lograr con ellos. Es ineludible ir un poco más allá de la simple planificación que establezca una cantidad determinada de recursos para cumplir ciertas tareas u objetivos, sin considerar cuánto cuesta producir determinado bien o servicio.
Pasado el frenesí y la eventual aprobación de más impuestos, qué resultados se aspira a lograr con la inversión en lo social, educativo o tecnológico, por ejemplo. No sea como han afirmado expertos en la materia, que por la vía del gasto exista una política fiscal regresiva, terminando por beneficiar a quienes no corresponde.
Siempre vinculado con esta temática, algunas preguntas de rigor aparecen: ¿Cuáles son las consecuencias para las entidades públicas con superávit? ¿Cuál es el resultado parlamentario del ejercicio de rendición de cuentas sobre ejecución del presupuesto público? ¿Basta simplemente con gastar lo presupuestado en términos de calidad del gasto?
Se trata de elevar la productividad de nuestras instituciones públicas, medir su rendimiento, lo cual, sin duda, supera los límites de la materia fiscal para incorporar áreas relacionadas con la planificación institucional, la reforma del Estado y la eficiencia administrativa, si realmente se quiere que los recursos estatales sean correctamente asignados y produzcan los resultados esperados.
Intereses. En tiempos cuando la población exige mayores espacios de participación, lo fiscal se constituye en todo un reto de agregación de intereses. Es ahí, en el debate, en la apertura de espacios de participación y en las posibilidades reales para hacer escuchar sus voces donde los diversos actores llegan a arreglos que permitan avanzar hacia una reforma fiscal viable y aceptada. Aquellos sectores con mayor influencia política o mayores recursos para impulsar su criterio, llámense sindicatos, cámaras o partidos políticos, concentran una buena parte del debate. Esto, sin embargo, no debe descuidar los intereses o la condición de aquellos otros con menor poder de influencia o capacidad de contrapropuesta.
En una coyuntura con escasez de ingresos y con aspiraciones a que todos los sectores contribuyan en la medida de sus posibilidades, conviene, tras la reforma fiscal, traer a la mesa de discusión otras fuentes, como la actualización de los montos que percibe el Estado por el uso del espectro radioeléctrico para radio y televisión comercial, cuyas tarifas no son actualizadas desde hace varias décadas.
La población exige mayores espacios de participación en el desafío fiscal