Transferencias devoran ¢6 de cada ¢10 de impuestos
Giros obligatorios del Gobierno a entidades van al alza
Crecen vorazmente sin importar si el Gobierno tiene el dinero para pagarlas, pues diversas leyes o acuerdos lo obligan a financiarlas. Hoy, se comen ¢6 de cada ¢10 recaudados en impuestos.
Se trata de las transferencias de dinero que el Poder Ejecutivo debe hacer a un conjunto de instituciones públicas porque así lo decidieron los diputados a lo largo de los años, o porque así lo negociaron los gobiernos.
Estas partidas obligatorias rompieron los récords de crecimiento en el 2017 y amarraron, aún más, las posibilidades de que Hacienda haga un manejo estratégico del presupuesto del Gobierno Central.
Entre el 2016 y el 2017, estos giros crecieron de ¢2,8 billones a ¢3,1 billones, es decir, casi un 10%. Se comen una tercera parte del Presupuesto Nacional (de ¢9,3 billones).
En tan solo seis años, entre el 2011 y 2017, pasaron de representar un 8% a un 9,6 % del producto interno bruto (PIB).
Y cada año que pasa consumen más y más de los recursos del Gobierno, por lo que este tiene que endeudarse para poderlas atender.
Las transferencias más grandes son las que financian las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de las universidades públicas.
“Se tiene que las transferencias son el principal rubro de gasto del Gobierno, crecen a una tasa elevada y, en su mayoría, responden a destinos específicos de carácter legal o constitucional, no con base en las posibilidades de la Hacienda Pública ni de la capacidad ejecutora de la institución receptora”, analizó la Contraloría General de la República (CGR) sobre las transferencias en su Memoria Anual 2017.
“Las asignaciones se convierten en una meta en sí misma y no responden a la realidad institucional ni fiscal”, añade.
Según ese mismo documento, en el 2015, las pensiones le costaron al Gobierno casi ¢660.000 millones y, para el 2017, la cifra pasó a ¢718.000 millones. El monto creció casi un 9%.
Esta partida consumió casi un 23% de las transferencias en el 2017.
Con respecto al FEES, la transferencia creció de ¢410.500 millones a ¢479.000 millones en- tre el 2015 y el 2017. Este renglón crece con mucho más fuerza que las pensiones. En dos años se incrementó casi un 17%.
Las universidades de Costa
Rica, Nacional, Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica destinan la mayoría de este dinero al pago de salarios y beneficios para sus empleados.
El FEES se come un 15,3% del presupuesto destinado a transferencias.
La tercera transferencia en tamaño va destinada a la Caja Costarricense del Seguro Social. El año pasado fue de ¢408.000 millones y tuvo una variación de un 6,4% con respecto al 2016.
En el cuarto sitio se ubican los envíos de dinero a las Juntas de Educación. En el 2017 recibieron ¢306.285 millones, un 19,4% más que en el 2016, cuando la cifra fue de ¢256.000 millones.
También hay desembolsos para entidades autónomas, sobre todo del área social. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), encargado de asistir a las familias en condición de pobreza, recibió ¢71.264 millones en el 2017, ¢13.000 millones más que en el 2016.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) experimentó el año pasado un alza de un 50,7% en los fondos que le transfirió el Gobierno Central: pasó de ¢34.000 millones en el 2016 a ¢51.000 millones en el 2017.
Del monto total para transferencias, apenas un fracción se destina a las de capital, que se utilizan para inversión. El año anterior ese monto apenas alcanzó un 17,5%, es decir, unos ¢551.000 millones.
La CGR ponderó el impacto de las transferencias sobre el ejercicio fiscal que hace el Gobierno Central y cómo su peso ha ido creciendo.
En el 2007, representaron poco menos del 32% del dinero recaudado por impuestos. Una década después, equivalen a casi el 59% de los ingresos tributarios.
“En otras palabras, para hacer frente al pago de transferencias corrientes se destina casi un 60% de la recaudación tributaria”, citó la Contraloría.
En su análisis, la CGR agregó que no es de menor importancia el hecho de que las transferencias están vinculadas a obligaciones legales del Gobierno con otras instancias, como ocurre con el FEES, el PANI, la Caja, los gobiernos locales, el IMAS y el Consejo Nacional de Vialidad.
Es decir, el Gobierno no puede evadirlas, pues los congresistas crearon leyes que lo obligan a cumplirlas, con el inconveniente de que muchas dependen de porcentajes del PIB o de ciertos impuestos, en vez de la realidad.
“De ahí la necesidad apremiante de revisar la pertinencia, magnitud y enganches de los destinos específicos con variables como el PIB y la recaudación tributaria”, destacó.
Además, la CGR consideró que se debe evaluar la capacidad ejecutora de las instituciones que reciben las transferencias y puso como ejemplo al PANI que, en el 2017, solo pudo ejecutar un 58% de los recursos que recibió.