Ministro recorta gastos a ineficiente oficina de MEP
Dirección que construye escuelas tiene ¢150.000 millones engavetados
’’ “Resulta que tiene ¢150.000 millones pendientes de ejecución y que pide otro tanto. ¿Por qué quiere el doble si no ha ejecutado lo que ya tiene?
ÉDGAR MORA ALTAMIRANO MINISTRO DE EDUCACIÓN
“¿Para qué llevar más maíz a ese molino si ese molino no muele?”.
Así justificó el ministro de Educación, Édgar Mora, su decisión de negarle a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP el 56% del presupuesto que solicitó para el 2019.
La DIEE es la oficina encargada de la construcción de escuelas y colegios. Sin embargo, a causa de su ineficacia, actualmente poco más de ¢150.000 millones para obras descansan sin ningún uso en las cuentas de la Caja Única del Estado, explicó Mora.
El dinero está a nombre de Juntas de Educación, pero estas no pueden convertirlo en obras si la DIEE no aprueba los planos y las contrataciones y si no supervisa los trabajos, entre otras funciones.
Para el 2019, esa dirección pidió un presupuesto de ¢150.500 millones para nuevas construcciones, labores de mantenimiento y compra de terrenos, pero el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) se lo redujo a ¢65.000 millones.
Mora pidió bajar las subpartidas de compra de terrenos en un 50% y la de construcción y mantenimiento de escuelas en un 75%.
“Resulta que hay una parte del MEP (la DIEE) que tiene ¢150.000 millones pendientes de ejecución y que pide otro tanto. ¿Por qué quiere el doble si no ha ejecutado lo que ya tiene? ¿Por qué no se limita a presupuestar lo que puede ejecutar?”, dijo.
“Esa fue una propuesta de aldesconfía guien que quiere más recursos de un presupuesto que está en elaboración. Le dijimos ‘no, porque ustedes ya tienen mucho dinero y no han probado que tengan la capacidad de ejecución”, enfatizó Mora.
Con los ¢150.000 millones ociosos se podrían construir 48 escuelas como la que se levantará en Colima de Tibás, para 400 alumnos, con un valor de ¢3.100 millones.
Actualmente, en la Caja Única hay dinero ocioso para 1.470 centros educativos. Por ejemplo, el Liceo Napoleón Quesada Salazar, en San José, tiene casi ¢3.700 millones sin usar.
Mora sostuvo que hay Juntas de Educación que poseen fondos en sus cuentas desde el 2007 y no se han logrado ejecutar.
La DIEE tiene 120 funcionarios entre ingenieros y arquitectos. Esta dependencia alega que con el recorte ordenado por el ministro, 436 colegios y escuelas –86 de los cuales tienen órdenes sanitarias– no tendrán ni obra nueva ni mantenimiento el próximo año.
La orden de Mora fue duramente criticada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, durante la comparecencia del funcionario, el pasado jueves 9 de agosto.
Ese día, el jerarca fue llamado para que explicara la decisión de trasladar ¢15.000 millones del MEP a las universidades públicas, a pesar de las necesidades de infraestructura de escuelas y colegios.
“El ministro dice que 436 escuelas no se van a hacer porque de la capacidad de ejecución de la DIEE. Es inadmisible porque es condenar a esos colegios a no recibir reparaciones ni obras nuevas. Lo que corresponde es presupuestar el dinero y encargarse de que la ejecución sea eficiente y no asumir una actitud derrotista en contra de los intereses de los estudiantes”, enfatizó el legislador.
El liberacionista recalcó que el recorte fue pedido al tiempo que se otorgó un aumento de
“RESULTA QUE HAY UNA PARTE DEL MEP (LA DIEE) QUE TIENE ¢150.000 MILLONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y QUE PIDE OTRO TANTO. ¿POR QUÉ QUIERE EL DOBLE SI NO HA EJECUTADO LO QUE YA TIENE? ¿POR QUÉ NO SE LIMITA A PRESUPUESTAR LO QUE ’’
PUEDE EJECUTAR?
Édgar Mora
Titular del MEP
“EL MINISTRO DICE QUE 436 ESCUELAS NO SE VAN A HACER PORQUE DESCONFÍA DE LA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE LA DIEE.
ES INADMISIBLE PORQUE ES CONDENAR A ESOS COLEGIOS A NO RECIBIR REPARACIONES NI OBRAS ’’
NUEVAS (...).
Carlos R. Benavides
Jefe de la fracción del PLN
¢15.000 millones a las universidades públicas para el 2019.
Al respecto, Mora dijo que el dinero para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) iba a salir de la partida de remuneraciones del MEP, que registró una subjecución de ¢105.000 millones en el 2017.
Agregó que actualmente están trabajando en un diagnóstico del modelo de gestión de la DIEE y depurando el sistema con el que trabajan las Juntas.
“Se va a apuntar hacia un esquema con alianzas público-privadas que privilegien el cumplimiento de metas, aprovechar la capacidad ingenieril que la DIEE tiene para que se dediquen a diseñar proyectos, pero que no lo ejecuten”, explicó.
Queja de Dirección. La solicitud del presupuesto de la DIEE la hizo Wálter Muñoz el 4 de julio pasado; él fue jerarca de la Dirección hasta inicios de agosto.
El 19 de julio, Muñoz le escribió a Reynaldo Ruiz, de la Dirección de Planificación del MEP, que, por órdenes del ministro y por las medidas de contención del gasto, la subpartida para compra de terrenos por parte de las Juntas de Educación debía disminuirse de ¢8.000 millones a ¢4.000 millones.
Añadió que la subpartida para la construcción de infraestructura física educativa (50201 EDIFICIOS) pasaría de ¢78.550 millones a poco menos de ¢20.000 millones.
“La DIEE no considera la inversión en obra pública en materia de construcción de centros educativos de calidad como un gasto excesivo, ya que en los ejercicios económicos anteriores ha tenido el desafío de atender las necesidades más urgentes como lo son la atención de centros educativos con órdenes sanitarias, en condiciones de vulnerabilidad, o bien, que laboran en condiciones inapropiadas”, se quejó Muñoz en el oficio DIEE-1923-2018.
Consultado al respecto, Muñoz detalló que en total se iban a intervenir el próximo año unos 600 centros educativos, pero con la orden del ministro, 436 se quedarán sin atender.
Según dijo, él presupuestó esa suma de dinero porque la DIEE iba a trabajar con un nuevo sistema en el que ya las juntas no serían las responsables de la construcción de escuelas y colegios.
Sería la Proveeduría Institucional la encargada de la publicación de los carteles de licitación, contratación de las unidades de gestión de proyectos y de las empresas, de manera precalificada.
Estas compañías desarrollarían la construcción de los edificios educativos, el diseño, estudios básicos y preliminares, así como fiscalizarían las obras y desarrollarían las unidades gestoras de proyectos (encargadas de acompañar a las juntas durante todo el proceso). Las Juntas solo fiscalizarían el avance de las obras .
“La Proveeduría ya tenía todo listo para iniciar el proceso de contratación por precalificados que iba a ser mucho más ágil. Recortar pone en peligro ese nuevo modelo de precalificación que estaba superavanzado. Además, no fue que hubo subejecución porque uno lo quiso, fue que el Ministerio de Hacienda, por la crisis fiscal, no tenía liquidez y, al final del 2016 y en el 2017, no dio los dineros. No se utilizaron los recursos porque Hacienda no los dio”, advirtió Wálter Muñoz. ■