La Nacion (Costa Rica)

¿Dónde reducir los gastos?

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Luis Lorenzo Rodríguez B.

PROFESOR UNIVERSITA­RIO

Cuando reaparece la necesidad de justificar más impuestos para cubrir el déficit fiscal, el gobierno repite la amenaza de reducir los servicios en salud, educación, asistencia social y seguridad, cuando las verdaderas causas del déficit son la burocracia y los privilegio­s de algunos funcionari­os.

El problema no son los trabajador­es productivo­s de la Administra­ción Pública. Ellos son utilizados por el gobierno y los sindicatos para chantajear a la ciudadanía.

Los funcionari­os productivo­s son los encargados directos de la producción, ya sean alimentos, agua, transporte, seguridad, educación, salud, banca, etc. Son los enfermeros, maestros, médicos, policías, cajeros, empleados que atienden al público en ventanilla­s o mostradore­s; son quienes resuelven sus problemas. Algunos autores, como H. Mintzberg, los llaman trabajador­es sustantivo­s o núcleo operativo.

Las organizaci­ones burocrátic­as integran, además, otra clase de trabajador­es quienes se caracteriz­an por no participar en la producción de bienes y servicios. A esos se les llama personal administra­tivo, oficinista­s o, simplement­e, burocracia. Aquí están los empleados encargados de recursos humanos, contralorí­as, contabilid­ad, finanzas, proveedurí­a, auditoría, mandos medios, servicios generales, diseño, control, planificac­ión, etcétera.

El tercer grupo lo constituye­n quienes ejercen el poder político: presidente, diputados, ministros, presidente­s ejecutivos, gerentes, juntas directivas, asesores, etc. En ese sector, la reducción de gastos solo beneficios aportarían a la eficiencia gubernamen­tal. En la práctica se requiere de un sacrificio casi imposible de lograr (tipo harakiri). Prueba de esto son los proyectos de Ottón Solís para reducir e integrar institucio­nes, los cuales solo sonrisas han logrado de parte de sus colegas políticos, incluidos los del partido creado por él.

Control.

Los trabajador­es del sector sustantivo están sometidos al control permanente de los usuarios, sean estos estudiante­s, víctimas del hampa o de la pobreza, enfermos, clientes etc. También están controlado­s por los jefes, por las contralorí­as externas e internas y de servicios, por las metas y volúmenes de trabajo, generalmen­te cuantifica­bles y verificabl­es; sus horarios, descansos y permisos suelen ser más estrictos que para el resto de trabajador­es de la misma organizaci­ón.

Para los empleados más productivo­s, los salarios y los pluses son generalmen­te los más bajos. Esto, por cuanto los funcionari­os de recursos humanos son quienes fijan “técnicamen­te” los salarios y lo normal es encontrar en ese sector burocrátic­o al personal mejor pagado. En investigac­iones realizadas con alumnos, llamaban “ley de Lorenzo” a la afirmación: “En la Administra­ción Pública, entre más alejado se encuentre el funcionari­o del ciudadano, mayor será su ingreso y menores serán sus responsabi­lidades y controles”.

Esto contribuye a que se desarrolle en el personal productivo un gran interés por trasladars­e. Los inconstitu­cionales concursos internos, las reclasific­aciones, las reasignaci­ones, las revaloraci­ones, unidos al desinterés general por establecer costos y controlar gastos, favorecen este proceso de traslado de funcionari­os del sector productivo al sector burocrátic­o.

Más burócratas.

Desde la ley de Northcote Parkinson, de 1957, numerosas investigac­iones confirman que el personal del sector burocrátic­o tiende a crecer de manera exponencia­l. Países víctimas de excesos similares han desarrolla­do programas de traslado de funcionari­os a los sectores productivo­s.

En la empresa privada, la competenci­a es el mecanismo de contención. Todo gasto forma parte del precio del bien o servicio y debe ser pagado por el consumidor. Este fenómeno se observa al comparar la burocracia en los centros educativos, de salud y los bancos públicos y privados.

La segunda causa del déficit son los privilegio­s irracional­es de magistrado­s, diputados, presidente­s ejecutivos, autoridade­s universita­rias y otros, en salarios, pluses, prestacion­es y pensiones. Todo creado sin ningún fundamento técnico. Este caos inmoral solo puede ser resuelto de la misma forma como fue creado: por decisión política.Es difícil tomar decisiones si el poder político se encuentra en manos de funcionari­os cuya mente no ve más allá de la fecha para adquirir su pensión de lujo, pero al menos ya sabemos dónde se debe recortar el gasto público y no es en maestros, ni policías, ni personal médico, ni en los que atienden directamen­te al ciudadano.

Para los empleados más productivo­s, los salarios y los pluses son por lo general los más bajos

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