Sin definir costos ni tecnología para bloqueo celular en cárceles
→Gobierno trabaja con las operadoras telefónicas en el reglamento →Jerarcas esperan impacto a la baja en delitos cometidos desde las prisiones
El presidente Carlos Alvarado firmó este jueves la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones que aprueba el bloqueo de la señal celular en las cárceles del país sin que aún se conozca cómo se hará o el costo que tendrá.
Según Alvarado, la seguridad ciudadana es una prioridad de su administración y con este cambio esperan que disminuya la tasa de criminalidad desde las cárceles.
Sin embargo, el mecanismo de implementación y la inversión que exigirá no han sido definidos, reconoció Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Salazar señaló que desde el 13 de agosto abrieron una mesa de trabajo con los operadores de telefonía móvil para conocer sus preocupaciones y comenzar con el reglamento. La próxima semana tendrían definido un cronograma de actividades que indicará lo que se hará y los alcances técnicos y jurídicos por considerar.
“La mejor manera de poder definir el monto es cuando se tenga definida la solución técnica. Estamos valorando algunas de las soluciones que existen y, obviamente, debe darse un proceso de conversación, pues los expertos en la materia son los entes técnicos”, dijo.
Agregó que tienen planificados algunos talleres “donde queremos ver la potencialidad y la capacidad de las diferentes tecnologías que se tienen para que sea la más óptima y la más adecuada”.
Para Salazar, la implementación del bloqueo debe valorar las características de cada centro penal, ya que tienen diferencias de estructura y de perímetros habitacionales.
El reglamento, que deberá ser aplicado por las operadoras telefónicas nueve meses después su publicación, está a cargo del Ministerio de Justicia y Paz, pero en la mesa de trabajo también participan el Micitt, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y representantes de las operadoras telefónicas.
Baja en delincuencia. Michael Soto, jerarca de Seguridad, destacó que espera que la cantidad de delitos que se cometen desde las cárceles disminuya, tomando en cuenta que los delincuentes no tendrán facilidad para girar órdenes desde sus celdas.
Por su parte, la viceministra de Justicia, Isabel Porras, consideró que la reforma legal les permitirá variar la situación de la delincuencia organizada que opera, en muchas ocasiones, en las cárceles.
Según Porras, pese al esfuerzo de la Policía Penitenciaria por decomisar celulares, existía necesidad de otro instrumento que limitara la posibilidad de comunicación de los privados de libertad y dijo esperar que los operadores colaboren y faciliten la implementación del bloqueo cuanto antes.
No obstante, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que agrupa a las operadoras telefónicas, plasmó su inconformidad con la iniciativa desde que los diputados la aprobaron en segundo debate, pues consideraban que les están dando una responsabilidad que no les corresponde.
Según Infocom, la ley tiene graves vacíos legales y técnicos que dificultarán su aplicación, pues no es posible garantizar un 100% de bloqueo de señal ni que vecinos y comercios aledaños a los penales no serán afectados.
“Es lamentable que, aunque un grupo de legisladores mostró interés y voluntad para mejorar la redacción del proyecto, la mayoría de los señores diputados haya hecho caso omiso a los criterios técnicos de las entidades expertas en la materia”, declaró, a inicios de agosto, la directora ejecutiva de Infocom, Ana Lucía Ramírez.
La Nación quiso conocer la reacción de Infocom a la firma del plan, pero no respondieron.
Porras reconoció que funcionarios carcelarios han reclamado por una posible afectación, pero destacó que “ellos cuentan con redes de comunicación y teléfonos fijos dentro de los centros penitenciarios”. ■
“ESTAMOS SEGUROS DE QUE LOS OPERADORES DE COMUNICACIONES, COMO UN INTERÉS SOCIAL Y COMO PARTE DE SU OBLIGACIÓN EN NUESTRO PAÍS, VAN A DAR SU COLABORACIÓN Y NOS VAN A FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO QUE HOY ES UNA REALIDAD COMO LEY DE LA REPÚBLIC A. Isabel Porras Viceministra de Justicia
“SE VA A EVITAR UNA GRAN CANTIDAD DE FRAUDES, SE VAN A EVITAR HOMICIDIOS QUE NO SE VAN A PODER ORDENAR Y, SOBRE TODO, LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES, ESPECIALMENTE LAS NACIONALES, VAN A VER LIMITADAS SUS OPERACIONES PORQUE NO VAN A PODER UTILIZAR LOS TELÉFONOS (CELULARES). Michael Soto Ministro de Seguridad Pública