Fiscalía dirá si hay responsables
Con respecto a la nota titulada “Bancada del PLN descalifica denuncia de su diputada Franggi Nicolás contra la ministra de Hacienda”, publicada el 13 de agosto, aclaro lo siguiente:
1. La moción para que el expresidente Luis Guillermo Solís se presente ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público y la relación de hechos que presenté el viernes 10 de agosto ante la Fiscalía, lo hice a título personal, con el derecho que me asiste como legisladora, con la intención de que el exmandatario se refiera al enorme, repentino y multimillonario “hueco fiscal” dejado por su administración y que hoy invade de preocupación e incertidumbre a los costarricenses.
Razón suficiente para considerar que sobre este tema, y ante la crisis económica que atraviesa el país, es necesario que los costarricenses recibamos una sana rendición de cuentas de quien en aquel momento fue el máximo servidor público y el de mayor responsabilidad de custodiar y proteger la estabilidad social y financiera del país. Pedir cuentas y explicaciones es transparentar nuestro actuar ante la ciudadanía. Bloquear y obstaculizar la tan necesaria rendición de cuentas, solamente continuará golpeando la ya maltrecha credibilidad del ciudadano en el Estado, la cual se ha perdido por la falta de transparencia.
2. Sobre la relación de hechos presentada al Ministerio Público, he de decir que no señala a ningún funcionario en particular como responsable, ni pide la destitución de ningún servidor público. Mi objetivo es que sea el Ministerio Público la autoridad que analice, primero, si existieron actos contrarios a la ley y, segundo, en caso de encontrarlos, identifique a los responsables que, al margen de la ley, procedieron al pago de los ¢182.000 millones sin la autorización del Poder Legislativo y dé curso al proceso legal correspondiente.
3. Pese a la falta de transparencia en lo relacionado con el “hueco fiscal”, es necesario y urgente hacerle frente al pago de la deuda y así lo dejaré manifiesto con mi voto cuando debatamos la aprobación del presupuesto extraordinario porque conozco las consecuencias gravísimas que implicaría para el país el no hacerlo. Pero ello no exime del reproche moral, y hasta legal, a quienes transgredieron silenciosamente la ley.
Permitir hoy que el gobierno les pase por encima a los procedimientos y a la ley, abre portillos para que, en el futuro, se dejen vencer los plazos para que, con el argumento de emergencia, se avalen nombramientos, contrataciones y concesiones ilegales, lo cual sería tremendamente grave para el país.
Franggi Nicolás Diputada del PLN