Auditor pide cobrar a gerentes del BCR deuda de Sinocem
Juan Carlos Bolaños dejó $25 millones sin pagar
Directiva dirá última palabra
Informe recomienda medida ante rechazo de aseguradora de indemnizar al Banco
Barrenechea fuera de la lista
Auditor solicitó proceso civil contra cuatro miembros del Comité de Crédito bancario
La Auditoría General del BCR propuso iniciar un proceso de cobro, de las deudas de la empresa Sinocem, contra los miembros del Comité de Crédito que aprobaron los préstamos para la empresa de Juan Carlos Bolaños.
El informe AUD-0317-2017, del 22 de diciembre anterior, recomendó a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) estimar dicha opción ante la negativa de Oceánica de Seguros de hacer efectivo el pago de la póliza de caución.
“En opinión de esta Auditoría, de no concretarse el pago por parte de la Aseguradora, debe procederse con el cobro judicial, y en el caso de quedar un saldo al descubierto, se podría considerar la eventual responsabilidad civil de los servidores Marvin Corrales (subgerente de Banca Minorista), Leonardo Acuña (subgerente de Finanzas), Rodrigo Ramírez (gerente comercial) y Andrés Víquez (subgerente de Banca Mayorista)”, se detalla en el documento de 335 páginas del cual tiene copia La Nación. R ILUSTRACIÓN.
El escrito advirtió a la alta administración actual de que aunque no haya una suma fija y exigible contra los funcionarios debe darse seguimiento al caso y, una vez definida la suma, establecer la responsabilidad civil.
La Auditoría recomienda excluir a Mario Barrenechea, ex gerente general del Banco, pues “al no participar en el Comité de Crédito (...), no resolvió ni conoció de primera mano, sobre la aprobación y seguimiento de las líneas de crédito”.
Oceánica denunció penalmente a Bolaños, en noviembre del 2017, por el supuesto delito de estafa con el fin de que fuera excluida su responsabilidad del pago de las pólizas al BCR.
El documento firmado por José Manuel Rodríguez, auditor general del BCR, fue incorporado –el pasado 13 de julio– como prueba en el proceso penal 16-0013-0033-PE contra Bolaños y los miembros de la alta gerencia de la entidad por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de los deberes de la función pública.
El BCR confirmó que sopesa a corto plazo establecer el proceso civil contra las personas de la alta gerencia involucradas en el crédito a Sinocem.
“Habría que deducir dentro del proceso penal, y para lo que todavía cuenta con suficiente oportunidad dado que se puede plantear hasta antes que el Ministerio Público dé por clausurada la fase inicial de investigación, para lo que, como sabemos, falta bastante tiempo”, argumentó el Banco por escrito.
El Banco otorgó a Bolaños líneas de crédito revolutivas por $20 millones para la importación de cemento chino y ¢5.390 millones para la nacionalización del producto. En el financiamiento revolutivo, el monto que se paga queda disponible para volverlo a utilizar.
Sinocem dejó un pendiente de pago de $25 millones cuando el BCR cerró anticipadamente el financiamiento a Bolaños en setiembre del 2017.
Supuestas fallas. La investigación de la Auditoría del Banco de Costa Rica hace una descripción de las supuestas irregularidades cometidas por 13 funcionarios de la institución en el otorgamiento, desembolso y seguimiento de las líneas de crédito de Sinocem Costa Rica.
“Con sus actuaciones y omisiones, estos funcionarios, servidores y exservidores le generaron un alto riesgo al Banco, no solo por la exposición económica y riesgo de no recuperación, sino por los efectos colaterales (...), tal es el caso de la imagen y reputación del Banco”, agrega.
Gerardo Huertas, abogado de Corrales, recalcó que los miembros del Comité de Crédito fueron engañados por Bolaños para obtener los desembolsos de dinero.
“Llama la atención de que el auditor, durante el proceso del crédito y desembolsos, siempre dijo y emitió varios informes donde dijo que el préstamo estaba bien otorgado y era bueno para el Banco. Ahora dice que existen ciertas irregularidades y cambia de criterio”, enfatizó.
Rodolfo Brenes, defensor de Ramírez, rechazó las supuestas anomalías.
La Nación consultó por correo electrónico a Bernal Chavarría, abogado de los subgerentes Víquez y Acuña, pero no respondió las consultas al cierre de esta edición. ■