Ruta minada

¿Cuántos sabotajes, presiones, zancadillas y recortes más sufrirá la reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa? No tantos como los centenares de mociones disparadas contra el texto aprobado en comisión, pero, quizá, suficientes para reducir aún más su coherencia, equidad, eficiencia y capacidad recaudatoria, y así incrementar la incertidumbre sobre nuestra estabilidad económica.

En la administración anterior, esos problemas se multiplicaron por las dudas, las duplicidades y la débil competencia del Ejecutivo. Ahora, la situación es otra. El gobierno ha hecho un esfuerzo sólido y responsable por mejorar la recaudación y frenar la dinámica incontrolable del gasto. En el proceso, ha asumido un alto costo político, que explica, en buena medida, la escasa popularidad del presidente, según la última encuesta de la Universidad de Costa Rica. Toca ahora a los diputados completar la tarea.

Cuando el martes se anunció la votación 5-4 en pro de la reforma, todo pareció aclararse, al menos para un ingenuo como yo. El “sí” en comisión fue articulado por los partidos con real noción de Estado y voluntad de gobierno, que además tienen mayoría en el plenario: el PLN, el PAC y el PUSC. Por el “no” votaron Restauración, el Frente Amplio y el PIN, que usualmente anteponen sus dogmas, retórica u oportunismo a los desafíos de política pública.

Ante la convergencia de los tres más serios, supuse que, durante el último y largo trayecto de la minada “vía rápida”, no habría más disrupciones esenciales. Me equivoqué: el miércoles, un diputado liberacionista que el martes había votado en pro de un 2 % del IVA a la canasta básica —algo esencial para la trazabilidad fiscal y el combate a la evasión— se unió a los del “no” y descalabró esa parte del acuerdo; además, fue eliminado el cobro del 4 % a la educación privada. Rota la baraja, ¿qué seguirá en la carrera para complacer a grupos de presión mediante disfraces de “justicia” o “equidad”?

Quizá las renovadas tribulaciones del plan solo respondan al deseo de que el gobierno sufra más o al frívolo afán de protagonismo de algunos diputados. Sería el mal menor. Pero no podemos descartar un intento de mayor calado para desarticular totalmente la reforma. Entonces sí nos toparíamos con la catástrofe.

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