Suspendido el alcalde de Limón por 30 días
El alcalde de Limón, Néstor Mattis Williams, tendrá que “autoaplicarse” una suspensión de 30 días hábiles sin goce de salario. La medida regirá entre el 3 de setiembre y el 12 de octubre del 2018.
Este es el resultado de un proceso administrativo que la Contraloría General de la República (CGR) le siguió al jerarca local por una contratación irregular entre el 2013 y el 2014, para la reconstrucción del mercado municipal.
Mattis fue hallado responsable de dos modificaciones realizadas al acuerdo N.° 2012CD000305-01PM, denominado “Contratación de servicios profesionales para la implementación del plan de gestión para la reconstrucción, remodelación y ampliación del mercado municipal del cantón central de Limón”. Estas modificaciones fueron las generadoras de responsabilidad civil.
También aparece en esa causa administrativa el coordinaEl dor de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento limonense, Gustavo Chaves, a quien se le impusieron 18 días de suspensión sin goce salarial.
procedimiento CGR-PA2017002594, tramitado por la CGR, le ordena a Mattis, además, cancelar un monto de ¢15 millones por concepto de responsabilidad civil.
A Chaves, por su parte, se le encontró responsable en forma solidaria y tendrá que pagar, con el alcalde, un monto de ¢7.383.135.
Ellos tenían hasta este viernes 24 de agosto para depositar el dinero en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Limón y tendrán que demostrar la cancelación de la deuda ante el órgano contralor.
La Nación trató de conocer el criterio de Néstor Mattis, pero no atendió las llamadas a su teléfono ni respondió el mensaje de texto enviado. Falencias. Al alcalde se le acreditaron cuatro distintas falencias en un solo procedimiento de contratación con la empresa Consorcio Indeca-Prológica.
Se trata de “(...) una modificación contractual del plazo del contrato, la cual era improcedente. Asumió el señor Mattis Williams un compromiso sin tener contenido presupuestario suficiente para hacer frente a la obligación.
”Realizó un reajuste de precios a contrapelo de la normativa de contratación administrativa y, finalmente, realizó otra modificación contractual tanto del plazo como del monto del contrato, que tampoco era conforme al ordenamiento jurídico”, señala la Contraloría.