Nueva receta para Uber
La novela sobre Uber en Costa Rica, lejos de encaminarse hacia su desenlace esta semana, se puso más candente, toda vez que el Gobierno mantiene su posición de considerar ilegal esta plataforma para el transporte de pasajeros, pero también, se declara imposibilitado para ejecutar el bloqueo del servicio.
El pasado martes 21 de agosto finalizó la “tregua” de 45 días entre el Gobierno y los taxistas, sin que hubiera un cambio notable en el curso de acción para atender el conflicto. Esto deja el terreno despejado para que aparezcan, de nuevo, los bloqueos callejeros de los taxistas, e incluso puedan prosperar otros focos de tensión en frentes hasta ahora desconocidos.
Recapitulemos un poco. El Gobierno reafirmó que la operación de Uber es ilegal, que continuará con los operativos de Tránsito para detectar a los transportistas irregulares y, mientras esto ocurre, buscará una nueva legislación en materia de transporte remunerado.
Esta receta no agrega nada nuevo. Desde el año pasado, el Ejecutivo se comprometió a reforzar controles en carretera para sancionar a los choferes de Uber y decomisar sus automóviles. En noviembre del 2017, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, informó de que impuso la primera multa de ¢2 millones a uno de estos conductores, y de paso, dijo tener abiertos otros 30 procesos de investigación similares.
Basta una rápida operación matemática para darse cuenta de que ni siquiera vale la pena escribir aquí el decimal que representa la proporción de choferes Uber sancionados hasta esa fecha, sabiendo que la plataforma cuenta hoy con una base de 22.000 socios conductores.
Las sanciones podrían tener un efecto disuasivo en el mejor de los casos, pero esto no parece estar ocurriendo: la evidencia muestra que luego de tres años de estar en Costa Rica, la plataforma goza de buena salud, opera sin contratiempos y la cantidad de choferes Uber prácticamente se triplicó.
Como innovación disruptiva, Uber es difícil de encasillar dentro de las leyes vigentes, pero tampoco se puede dejar por la libre y hay que hacer ajustes decididos. Es vital que el Gobierno aclare la situación de esta empresa en el país, y no se juegue el chance de darle largas al asunto, porque “el viaje” podría salirle más caro de lo previsto.