‘Hay que pedir permiso hasta para pegar un cartel’
Para Miguel Aguilar, director de Escuela Finca La Caja, en La Carpio, centro que se desarrolló con el fideicomiso educativo y uno de los siete que se han entregado, la figura de fideicomiso para construir escuelas es “ágil” y se entrega el inmueble en el plazo prometido. En el caso de este centro, el tiempo de espera, desde que comenzó la construcción hasta que se entregó la escuela, fue de 10 meses.
Esta vía fue la salvación para los 1.800 alumnos de dicho centro educativo, cuya comunidad esperó 12 años por las nuevas instalaciones.
Sin embargo, según Aguilar, el problema que están afrontando ahora son las “restricciones” que tienen para usar las instalaciones. Afirma que deben pedir permiso “hasta para pegar un cartel” al Banco Nacional, propietario temporal de las instalaciones, por ser el fiduciario.
“En el fideicomiso hay mucha restricción. Se sufre mucho después, por la protección del edificio. No se permite pegar nada en la pared. Hay mucho entrabamiento, ya que el Banco es el que controla. Hay que pedir permiso a una unidad supervisora del Banco hasta para pegar un cartel”.
Pese a esto, Aguilar insiste en que es mejor trabajar con la figura del fideicomiso que con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP.
“Para mí, la DIEE es inoperante, no tiene rumbo ni objetivo definido. (Con la figura del fideicomiso) sí sería importante que los edificios construidos se piensen en función de los estudiantes, que, por ejemplo, un alumno raya una pared, o pasa con el zapato y la mancha.
”Si los inspectores venían y había una raya en la pared, ya estaban mandando un oficio desde el Banco. Son 1.800 estudiantes que usan el edificio. Por más que el docente cuide, son niños”, aseguró.
■ Un abogado que le revisa ciertos trabajos al Partido Restauración Nacional (PRN) se postuló para ser magistrado, ya sea de la Sala III o de la Sala IV.
Ronald Po Wo On Chinchilla presentó su nombre en los concursos que deberá definir el plenario de la Asamblea Legislativa, donde el PRN tiene 14 de 57 diputados.
Así lo informó ayer el Semanario Universidad y lo confirmó el abogado a La Nación.
Po Wo On fue el jurista que se encargó de informarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de que Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración, había presentado una denuncia penal contra la “estructura paralela” que, en su criterio, montó la fórmula presidencial del PRN para el financiamiento electoral.
En julio, el abogado dijo que él estaba a cargo del caso y de “otros asuntos” del Partido.
Este medio consultó a Avendaño si se abstendría de apoyar en la Asamblea para llenar las vacantes, pero al cierre de edición, no respondió.
Se deslinda. Po Wo On Chinchilla negó ser asesor de Avendaño o del PRN: “Me refería a