Sugef multó a empresa Latco por violar la ley antilavado
→ Fiduciaria apeló sanción de $65.000, unos ¢38 millones, ante el Conassif
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de poco más de $65.000 (¢38 millones) a la firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco) por infringir la normativa nacional de prevención del lavado de dinero en el país.
La sanción, equivalente al 3% del patrimonio de la compañía, fue impuesta por dos violaciones a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley N.° 8204).
La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de “Conozca a su cliente” y en las alertas que se deben emitir ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) cuando un cliente incurre en alguna operación sospechosa.
El castigo fue notificado el pasado 22 de enero a Latco mediante el oficio SGF-0109-2018. Actualmente está en apelación ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).
Este caso data de noviembre del 2015, cuando el Banco de Costa Rica (BCR) anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias a la fiduciaria Latco y remitió un informe a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, con un relato de los hechos y una denuncia por aparente lavado de dinero.
Las autoridades bancarias tenían dudas sobre el origen de los recursos con los que, en ese entonces, se financiaba esa compañía dedicada a bienes raíces y administración de fideicomisos en Costa Rica.
El dinero provenía, según el BCR, de dos empresas domiciliadas en Malta y en Emiratos Árabes Unidos, y que figuraban como propiedad de la costarricense Marisol Carvajal Cordero, quien para esa época tenía 35 años y era gerenta del sportsbook 5Dimes (negocio de apuestas en línea). Ella, en dos ocasiones, hipotecó un terreno para construir su casa.
Esas dos firmas, Woodtree Equipment Limited y Latitude Global FZE, reportaron ingresos por $1.528 millones en sus cuentas bancarias, en esos dos países, durante el 2014.
Ese monto equivale hoy en día a ¢878.600 millones, es decir, un 24% más que el déficit fiscal del país (que alcanzó los ¢670.560 millones en los primeros cuatro meses del año). Esa suma además representa 1,9% de la producción nacional.
En total, por tres años, las cuentas de Latco en el BCR recibieron $67 millones de esas dos compañías. Ese fue el único ingreso reportado como capital de trabajo ante ese banco.
En el Ministerio Público, esta causa se tramita en el expediente 15-0000052-1322-PE y no tiene imputados individualizados.
Avances. Warner Molina, nuevo fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, explicó en un correo remitido a La Nación por la oficina de prensa de la Fiscalía que, como fue nombrado recientemente, está revisando todos los casos que existen en ese despacho, incluyendo el de Latco.
Rafael Gairaud, abogado de Manfred Pino, dueño de Latco, reconoció que la fiduciaria tenía problemas al cumplir la ley antilavado pero resaltó que los yerros ya fueron corregidos.
“La Sugef dice: ‘ No se produjo daño, no hay delito de legitimación de capitales, pero igual lo vamos a sancionar, por las deficiencias en los controles y medidas que tenía Latco en aquel momento’. Aquí, lo que a mí me importa es que la Sugef reconoce que este es un tema meramente administrativo, que no se produjo daño, que no hay delito (...)”, expresó Gairaud.
Dos infracciones. En específico, la multa impuesta a Latco se fijó con base en dos de las infraccio- En apelación nes contempladas en el artículo N.° 81 de la ley antilavado.
Primero, se le impuso una multa equivalente al 1% de su patrimonio por haber “violentado las obligaciones dispuestas en el artículo 16 de dicha ley (N.° 8204), en relación con la identificación de los clientes”, en específico, sobre Woodtree y su propietaria, Carvajal, quien además aparecía como dueña de Latitude Global FZE.
En ese apartado se indican cuáles son los datos y documentos mínimos que las entidades financieras, en este caso Latco, deben tener sobre sus clientes para “prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o a financiar actividades u organizaciones terroristas”.
Por ejemplo, la normativa dice que se “debe registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales”.
Posteriormente, la Superintendencia sancionó a Latco con el equivalente al 2% de su patrimonio por no “haber implementado los procedimientos para la detección y control de transacciones financieras inusuales y sospechosas”, de nuevo en el caso de la firma Woodtree.
La fiduciaria estaba obligada a informar, de manera inmediata, a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), sobre las transacciones sospechosas de Woodtree, y no lo hizo.
De las dos empresas de Carvajal, la que más dinero registra es Woodtree Equipment Limited, con ingresos de $1.444 millones y gastos por $1.282 millones. Mientras que Latitude Global FZE reportó entradas por $84 millones y gastos por $72 millones, según consignó la denuncia de la Oficialía de Cumplimiento del BCR.
■ El superintendente de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, confirmó que durante este año han sancionado a dos entidades financieras, pero no se refirió al fondo de los casos, pues se trata de información confidencial.
“Recientemente, esta Superintendencia ha resuelto dos casos, los cuales están en proceso de resolución por parte del Conassif. Al estar conociéndose el recurso de apelación presentado por cada una de las partes investigadas y, dado que aún no se encuentran en firme las sanciones, resulta imposible suministrar ningún tipo de información, en razón de lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Control Interno”, explicó Alfaro.
Junto a Latco, en este 2018 también fue multado el banco Scotiabank, con unos $2 millones (¢1.170 millones), por haber incumplido con las normas contra lavado de dinero en una transacción de recursos provenientes de Perú, de supuestos sobornos pagados al expresidente de ese país, Alejandro Toledo.
Antes de los casos de Latco y Scotiabank, solo una empresa había sido sancionada por violar la ley antilavado vigente desde el 2002.
Se trata del Banco Popular (BP), que fue castigado en mayo del 2009. Sin embargo, a la fecha, el castigo no se ha hecho efectivo ya que, después de que el Conassif le rechazara una apelación, el BP acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, donde actualmente se encuentra el caso.
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“LA SUGEF DICE, ‘NO SE PRODUJO DAÑO, NO HAY DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, PERO IGUAL LO VAMOS A SANCIONAR, POR LAS DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y MEDIDAS QUE TENÍA LATCO EN AQUEL MOMENTO.
’’ Rafael
Gairaud
Abogado de
Manfred Pino, dueño de Latco