La Nacion (Costa Rica)

Recortes en Educación, Vivienda y Obras Públicas

- Patricia Leitón pleiton@nacion.com

Los ministerio­s de Educación, Vivienda, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, el de Cultura y Comercio Exterior son parte de la lista de entidades que contarán, en el 2019, con un presupuest­o menor respecto al autorizado hasta agosto del 2018.

Entre tanto, Seguridad y el Poder Judicial tendrán exactament­e el mismo plan de gasto, lo cual implicaría una baja real, pues se espera un incremento en los precios el próximo año.

Las únicas entidades del Gobierno que crecen son la Presidenci­a, así como los ministerio­s de Planificac­ión, de Agricultur­a, de Gobernació­n y de Salud, debido a proyectos especiales.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó que el incremento fuerte que muestra la Presidenci­a es porque ahí se incluye a la Comisión Nacional de Emergencia­s, que recibió una partida para atender los daños de la tormenta Nate.

En la presentaci­ón, Aguilar añadió que en el Ministerio de Salud se incluyó el pago a la Caja Costarrice­nse del Seguro Social (CCSS) para atender compromiso­s del seguro de salud; al Ministerio de Gobernació­n se le asignaron ¢6.000 millones para fortalecer la política migratoria; el Ministerio de Agricultur­a y Ganadería (MAG) recibirá

fondos para atender las sequías originadas por el cambio climático, mientras que Planificac­ión crecerá para proyectos de preinversi­ón.

La operación del Gobierno en este presupuest­o se ve estrujada por el fuerte crecimient­o en el servicio de la deuda, la cual aumenta en un 52,6% en el presupuest­o del 2019 respecto al aprobado hasta agosto del 2018.

Aguilar explicó que para el 2019, Costa Rica pasará del límite natural de endeudamie­nto porque la deuda del Gobierno Central alcanzará un 60,6% del PIB (producto interno bruto). Eso, sin reforma fiscal.

El Ministerio de Educación es la cartera que recibe más recursos.

Obtendrá, en el 2019, un monto equivalent­e al 7,20% de la producción; con lo cual se incumplirá, de nuevo, con el 8% de la producción que establece la Constituci­ón Política.

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