Aporte estatal a CCSS se duplica en 7 años
Gobierno hace 24 tipos de contribuciones para seguro de salud, pensiones, indigentes, reos y pruebas de ADN
Las contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) establecidas en el presupuesto del Gobierno se duplicaron en un plazo de siete años debido a un conjunto de leyes y reglamentos.
El próximo año, los aportes al sistema de salud y los regímenes de pensiones ascenderán a ¢894.999 millones; mientras que en el 2013 fueron ¢501.647 millones, se detalla en el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2019.
El Gobierno realiza por mes 24 diferentes pagos a la institución autónoma que incluyen, principalmente, el aporte como patrono de 143.000 empleados públicos y en su condición de Estado a la seguridad social.
El Poder Ejecutivo también realiza contribuciones solidarias para grupos de protección como ancianos en pobreza extrema, indigentes, privados de libertad, empleadas domésticas y trabajadores independientes, además de cargas especiales como los exámenes de ADN y la fecundación in vitro.
Las contribuciones gubernamentales son financiadas con el pago de impuestos de los contribuyentes y mediante la colocación de bonos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Obligación. Todos estos aportes están fundamentados en leyes especiales. De hecho, el Gobierno está obligado a dar –vía presupuesto– la falta de recursos que afronte la Caja, según lo dicta el artículo 177 de la Constitución Política.
Sin embargo, la principal crítica de Hacienda es que debe hacer los aportes sin tener un ingreso determinado para cada contribución.
El más reciente pago costeado mediante el presupuesto es la fertilización in vitro cuyo laboratorio especializado tendrá un costo de $7 millones, según estimación de la CCSS.
“Buena parte de los programas (financiados) devienen de leyes o reglamentos cuya visión es aportar a grupos que requieren la atención del Estado, pero en ningún caso se ha definido una fuente de financiamiento para su cobertura”, criticó Hacienda en la exposición de motivos del Presupuesto 2019.
El dinero transferido a la Caja se usa para cubrir los gastos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que cubre a 2,6 millones de asegurados; el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con 265.000 jubilados, y el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) que paga una jubilación mensual a 115.000 personas pobres.
El sector empresarial y los trabajadores –públicos y privados– también financian la seguridad social con sus contribuciones mensuales.
Aumento. Para el próximo año, la transferencia de recursos del Gobierno a la Caja crecerá 14,4% –comparado con el 2018– debido a que el Ministerio de Hacienda decidió realizar el aporte de la cuota estatal al IVM.
En setiembre del 2016, la Junta Directiva de la CCSS decidió elevar la contribución del estado al fondo de jubilaciones de 0,58% a 1,24% para darle equilibrio en corto plazo al régimen.
Empero, la administración de Luis Guillermo Solís se negó a realizar el aporte adicional de 0,66 puntos porcentuales debido a la crisis fiscal.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, explicó que pese a la persistente situación fiscal, en el Presupuesto 2019 sí se incluyen los recursos del IVM, así como las pensiones del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
Según los datos de Hacienda, la contribución estatal al IVM será de ¢160.106 millones, es decir, un alza de 118% comparado con el 2018.
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