Ampliación de la ruta 27 continúa en pañales
→ Situación similar afecta la ruta San José-San Ramón y el corredor vial a Cartago
Desde el 2014, la empresa Globalvia propuso ampliar en seis carriles la ruta 27, desde La Sabana hasta Ciudad Colón, y en cuatro carriles el tramo de Ciudad Colón a Orotina.
Pese a la necesidad evidente, fue dos años después cuando el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) ordenó hacer el estudio de funcionalidad del proyecto.
En el momento en que se detectó esa necesidad de una ampliación, el tráfico promedio diario por el peaje de Escazú era de 102.000 vehículos.
De acuerdo con la Cámara Costarricense de la Construcción, el proyecto de ampliación de esa carretera, tenía completas, a mayo de este año, tres etapas de preingeniería: viabilidad ambiental, corta de árboles y reubicación de servicios, lo que representa un 9% de esa fase. Eso quiere decir que, actualmente, no se cuenta con un anteproyecto o, al menos, con un diseño preliminar de la obra.
Tampoco se ha evaluado la viabilidad financiera ni se han completado diseños o estudios de factibilidad.
En marzo del 2016, cuando se hizo la última estimación de costos para ese proyecto, el monto fijado era de $400 millones. Empero, ese monto podría variar una vez que se cuente con diseños y estudios técnicos.
La concesión con Globalvia vence en julio del 2033 y en el contrato se establece que la ampliación debe hacerse con la empresa.
En noviembre del 2016, el CNC autorizó a la compañía a cargo de la ruta 27, realizar los estudios de ampliación de la vía entre San José y Caldera, los puentes mayores de la sección dos, así como los pasos a desnivel y otros puentes menores.
En abril de este año, un mes antes de asumir como presidente, Carlos Alvarado anunció que no contaba con plazos ni precios para el proyecto y, además, dijo que dudaba de la capacidad que tenía en ese momento el CNC para llevar a cabo el proyecto, pues solo disponían de un ingeniero.
En julio pasado, el Gobierno nombró una nueva secretaría técnica para ese consejo, cuya principal tarea sería liderar la negociación con la concesionaria para llevar a cabo dicha ampliación.
Consultada sobre el avance de esas negociaciones, la nueva encargada del CNC, Paola Benavides, aseguró que a través de la unidad ejecutora del proyecto, han estado analizando la información en torno a la ampliación para llevar, en las próximas semanas, algunos temas a Junta Directiva.
Sin definirse el modelo. Dentro de la unidad ejecutora del CNC, la Cámara identificó otros dos proyectos claves, pero para los cuales no se ha definido siquiera el modelo que se utilizará. Se trata de la vía San José- San Ramón y el corredor vial a Cartago. R NOTA ADJUNTA
En el caso de San José- San Ramón, el Gobierno anunció en junio que se definió una hoja de ruta para el proyecto.
El plan de la actual administración es arrancar en el segundo semestre del 2019 con la ampliación de tres puentes. Además, se intervendrán otros 15 puntos en que se incluyen mejoras en puentes, intersecciones y radiales a lo largo de la ruta, cuyo costo (unos $65 millones) será cubierto con recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tales obras se harían mientras el Banco de Costa Rica, encargado del fideicomiso de ampliación de la carretera, contrata los estudios de factibilidad y financieros, define el número de expropiaciones, obtiene los diseños, y fija la tarifa de peajes de la futura vía.
El plan para ampliar y mejorar los 60 kilómetros de carretera comenzó en 1994.
Fue hasta el 2012 cuando la obra fue dada en concesión a la constructora brasileña OAS, por $524 millones. No obstante, en abril del 2013, la expresidenta Laura Chinchilla frenó el proyecto debido a la presión de los ramonenses, quienes se oponían al costo de los peajes previstos (¢1.965 por sentido y ¢3.930 por ida y vuelta).
Dicha ruptura de contrato le costó al Estado $28,5 millones.
■ Millones de dólares que costaba ampliar la ruta 27, según se estimó en el 2016 Patricia Recio El tercer proyecto citado dentro de la unidad ejecutora del Consejo Nacional de Conseciones (CNC) es el de San José-Cartago, sobre el cual tampoco se ha iniciado con alguna de las fases de planificación.
El plan para desarrollar ese corredor vial quedó en el olvido a pesar de que, en el 2016, el expresidente Luis Guillermo Solís firmó una ley que autorizaba la creación del fideicomiso para llevar a cabo la obra, de 25 kilómetros.
Eso quiere decir que en dos años, luego de ese “banderazo de la salida” de la obra, no se han iniciado las etapas preparatorias. En este plazo, lo único que se concretó fue el traspaso de cuatro terrenos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) había incluso presentado una propuesta que contemplaba la actualización de los estudios de factibilidad, los recursos para las expropiaciones entre Hacienda Vieja y la rotonda de Garantías Sociales, y los estudios para seleccionar el modelo óptimo de financiamiento y gestión (incluida la concesión).
Se estimó que esa fase costaría unos $50 millones y fue aprobada por el Conavi en noviembre del 2016.
El 1.° de mayo del 2017, Solís confirmó que el proyecto se desarrollaría de la mano del INS; empero, la nueva administración no ha dado detalles sobre el modelo que se seguirá.
De acuerdo con el informe de Pitra Lanamme UCR (2015) “Análisis para la troncal en el tramo Hacienda Vieja - La Lima”, por esa vía transitan al día más de 60.000 vehículos y es necesaria la ampliación para contar con al menos tres carriles por sentido en las secciones Hacienda Vieja - Cruce Taras para garantizar un adecuado nivel de servicio en el corredor.
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