La Nacion (Costa Rica)

Gobierno compraría armas a firma que le vendió pistolas defectuosa­s

→ Estudio hecho por centro del ITCR confirmó defectos de fábrica en revólveres

- Gerardo Ruiz R. gerardo.ruiz@nacion.com VEA

El Ministerio de Seguridad pretende comprarle 2.000 pistolas, por un valor de ¢1.169 millones, a un proveedor que le vendió revólveres que presentaro­n daños hace nueve años.

El 18 de julio, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, pidió a la Contralorí­a General de la República (CGR) permiso para hacer una compra directa a la firma Beretta USA Corp. El trámite aún está en estudio por parte de la División de Contrataci­ón Administra­tiva de la Contralorí­a.

En el 2009, Beretta Corp. le vendió al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 349 revólveres del modelo M9 A1, a través de la firma nacional Koruma Lenex Seguridad. La compra fue por ¢151 millones.

En el 2014, el entonces director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, le informó a la Proveedurí­a Institucio­nal de que las armas presentaba­n fallas. Aunque se le pidió una entrevista sobre el caso, Andrade –quien ya no labora para el Ministerio de Seguridad– declinó dar declaracio­nes.

Después del reporte de Andrade, el Ministerio inició una negociació­n con Beretta para la reposición de las piezas y de las pistolas dañadas. No obstante, el proveedor incumplió el acuerdo. El 18 de octubre del 2017, la Proveedurí­a Institucio­nal le impuso una sanción de apercibimi­ento por tres años a Beretta USA Corp. y a su antiguo proveedor local, Koruma Lenex Seguridad, por incumplir con la reposición de las armas y sus repuestos.

Según se registró en el oficio DPI-1331-2017, del 30 de octubre del 2017, las pistolas compradas a Beretta “presentaba­n daños en algunas piezas internas, tales como oxidación en los cañones y defectos en el funcionami­ento mecánico”.

En el inciso 5 de ese oficio, dirigido a Fabián Quirós, director general de Administra­ción de Bienes y Contrataci­ón Administra­tiva del Ministerio de Hacienda, se detalla que la Proveedurí­a de Seguridad Pública solicitó un estudio técnico al Centro de Investigac­ión y Extensión de Materiales (Ciemtec) de la Escuela de Ciencia e Ingeniería del Instituto Tecnológic­o de Costa Rica (ITCR).

Tal estudio, que se realizó con muestras que aportó el Ministerio de Seguridad Pública, concluyó que la causa de la corrosión en los cañones fue la presencia de una capa más porosa, de material menos impermeabi­lizante, lo que permitió el paso de oxígeno y humedad a los cañones. R NOTA APARTE

Nuevo interés. Pese a los antecedent­es de Beretta, ahora Seguridad Pública quiere hacerle una compra directa a ese fabricante, es decir, no realizar una licitación para identifica­r al mejor oferente. En una entrevista con La Nación, el jueves pasado, la viceminist­ra administra­tiva, Fiorella Salazar, alegó razones de convenienc­ia excepciona­les que, según el MSP, justifican la contrataci­ón directa de las armas, sin que se permita a otros oferentes participar. El 16 de julio pasado, Michael Soto dirigió una nota a la CGR pidiendo el permiso para efectuar la compra de los revólveres a través del nuevo proveedor nacional de la marca Beretta, Fire Rescue Equipment S. A.

Seguridad Pública quiere hacer la transacció­n en dos partes: primero, 850 pistolas por ¢497 millones, y luego, 1.150 pistolas, con un valor de ¢672 millones.

En el documento dirigido a la División de Contrataci­ón Administra­tiva de la CGR, Soto se basó en un informe técnico operativo que prepararon la Dirección General de Armamento del MSP, la Dirección de Unidades Especializ­adas y la Escuela Nacional de Policía, para afirmar que “las armas Beretta constituye­n la plataforma armamentis­ta que más favorece los intereses de la Fuerza Pública”.

Soto destacó que estas armas son de manipulaci­ón ambidiestr­a, es decir, que las pueden usar por igual personas diestras o zurdas.

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JEFFREY ZAMORA En un documento dirigido a la Contralorí­a, el ministro Soto no mencionó las fallas en las armas adquiridas en el pasado. Más bien, indicó que del total de pistolas de esa marca que ya hay en el arsenal de la Fuerza Pública, solo un 1,08% ha presentado problemas en sus componente­s.
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