Competencias de la Sugese
El editorial del 27 de agosto del 2018, titulado “Información en el mercado de seguros”, incurre en imprecisiones que deben aclararse.
La primera mitad del editorial justifica la evidente importancia de poner a disposición del público cierta información relevante sobre el mercado de seguros, conforme al tercer pilar del marco de supervisión de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). Los principios de supervisión de dicho organismo han sido acatados por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) desde su creación y, en particular, el principio 20 sobre divulgación pública.
El editorial habla sobre una póliza indeterminada, contextualizada con términos como “importador de cemento chino”, “peculiar operación crediticia en la cual participó un banco estatal” y otros. Respecto a esa póliza, indica también que “los montos, entes involucrados y otros detalles” han permanecido “más o menos ocultos”. Ese tipo de información contractual privada no debe ser divulgada por las aseguradoras o intermediarios de seguros por disposición de los artículos 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y el 21 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros.
Resulta impreciso sugerir que datos como esos son necesarios para que el público tome decisiones informadas. Lo que sí resulta relevante, siguiendo las buenas prácticas de la IAIS, es la información financiera de las aseguradoras, calificaciones de riesgo, estados auditados, contratos de seguros comercializados, índice de suficiencia de capital (que es la relación del capital al riesgo), actores sancionados, entre otras, la cual es compilada y publicada por la Sugese para el público en la página www.sugese.fi.cr.
Asimismo, se señala a la Sugese por no invertir sus recursos en educar o asesorar a ciertos entes estatales en la contratación de seguros. En primer lugar, no le corresponde al supervisor dudar de las capacidades propias en gestión de riesgo, sus posibilidades para contar con asesores expertos en esa materia, así como la transparencia y seriedad de los procesos de contratación pública de las instituciones que se mencionan.
Protección.
Debe señalarse que nuestro enfoque de acciones en conducta se dirige a la protección de intereses del consumidor, es decir, las familias, los trabajadores, las pequeñas empresas y los individuos; en buena hora si el asegurado institucional y las grandes empresas también se benefician, pero para estos la situación de asimetría informativa es mucho menor.
La relación entre el capital de la aseguradora, las sumas aseguradas y el rol de los reaseguradores que plantea el editorial también son incorrectos. En general, es usual que las aseguradoras suscriban límites de responsabilidades mayores a su propio capital por cuanto los siniestros no ocurren todos al mismo tiempo, ni por el monto total asegurado, además de contar con reaseguradores que las respaldan financieramente. Por otro lado, la dependencia en altos niveles de los reaseguradores tampoco es mala per se, pues es común que algunos contratos de seguros estén respaldados en más de un 90 % por los reaseguradores, por ejemplo en eventos catastróficos.
El editorial cuestiona los frutos de la labor de la Sugese en el desarrollo de la disciplina de mercado. En ese sentido, procede indicar que la Sugese lleva a cabo constantes actividades de supervisión de conducta. Además, en cuanto a divulgación y transparencia en nuestra página en Internet consta información relevante, comprensiva, adecuada y oportuna, según fue descrito previamente.
Adicionalmente, se mantienen proyectos comunicativos con distintos medios, participaciones con stands informativos en Expocasa y Expomóvil, la atención telefónica a los ciudadanos, la disposición de una sección de 86 preguntas frecuentes, entre otros esfuerzos cuyo objetivo es entregar información y formación relevante al consumidor para la toma responsable de sus decisiones de consumo y ejercicio de sus derechos.
Finalmente, se le recuerda al público en general que si algún asegurador o intermediario divulga la información privada de sus contratos, puede denunciarlo ante nuestras oficinas (teléfono 2243-5108).
La Superintendencia lleva a cabo constantes actividades de supervisión de conducta