Huelga defiende privilegios limitados por reforma fiscal
→Pago simultáneo por prohibición y dedicación exclusiva entre los privilegios →Proyecto endurece nota por desempeño: pasa de ser cualitativa a cumplir metas
La huelga que promueven sindicatos de educación, salud, energía y puertos, entre otros, defiende sobresueldos que el proyecto de reforma fiscal elimina a los servidores públicos.
Este plan impone un tope de ocho años al pago por cesantía, elimina el pago de salario por bisemana, endurece la evaluación de desempeño del trabajador y quita “incentivos improcedentes” por discreción y confidencialidad, confirmó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Aclaró que, por ahora, Hacienda carece de una estimación del ahorro por la introducción de estos cambios en el pago de pluses en el caso de que los diputados aprueben la reforma para afrontar la crisis fiscal.
El proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente 20.580) también varía el sistema tributario para generarle más ingresos al Gobierno que le permitan atender una parte del severo déficit fiscal y la deuda estatal que rondaba los ¢1,16 billones a inicios de año.
Los cambios afectarán en distinto grado al personal de la Administración Central (Poder Ejecutivo y sus dependencias), ministerios y órganos desconcentrados adscritos a estos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y oficinas y órganos auxiliares de estos.
También a los empleados de entidades autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.
Cambios vitales. Por ejemplo, el artículo 39 del Capítulo IV sobre dedicación exclusiva y prohibición indica que la indemnización por cesantía se regulará según el Código de Trabajo, el cual establece que solo se pagará ocho años de cesantía a los trabajadores.
De aprobarse la reforma, ese tope quedará igual al del sector privado; excepto funcionarios que ya habían acumulado más de ocho años antes de aprobarse el plan fiscal.
No obstante, una vez que entre en vigencia la ley, “la cantidad de años a indemnizar no podrá seguir en aumento ni superar los veinte años”, se lee textualmente en el proyecto.
En el Capítulo VII de Disposiciones Adicionales se detalla que la periodicidad salarial para servidores públicos será “con la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal”.
Esto quitaría el pago bisemanal, confirmó el viceministro Acosta, con lo cual el ministerio de Hacienda mejoraría su previsión de desembolsos con una modalidad única de dos pagos por mes. Esto ahorraría al Estado dos salarios al año por trabajador donde funciona el pago bisemanal, pues hay meses en que reciben hasta tres depósitos.
También en el Capítulo IV del proyecto señala textualmente que “no procede la creación, incremento, ni el pago de remuneración por concepto de discreción y confidencialidad”.
Acosta indicó que se parte de la premisa de que esas son cualidades que se esperan de cualquier empleado, por lo cual no se justifica pagar, como ocurre ahora, un plus por ello.
Asimismo, se suprimiría “el pago o reconocimiento por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio distintos a las anualidades, en ninguna de las instituciones públicas”.
“Queremos que la función pública se base en el desempeño y no en la persistencia del empleado en el tiempo. Todos estos beneficios, como anualidades, quinquenios, y otros lo único que premian es mantenerse en un puesto en vez de cultivar un mejor desempeño”, concluyó Acosta.
En el Artículo 38 del Capítulo IV se lee que “bajo ningún supuesto procederá el pago simultáneo de las remuneraciones adicionales por concepto de prohibición y dedicación exclusiva”.
Además, especifica que el pago de remuneraciones adicionales por concepto de prohibición, dedicación exclusiva y anualidades “únicamente se calculará sobre el salario base correspondiente al puesto que ocupe el funcionario”. Esto suprime la posibilidad de cálculo tomando como referencia la suma del salario base y otros sobresueldos.
El desempeño de los funcionarios se evaluará como en el sector privado porque el proyecto plantea el uso de indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas por persona.
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