CGR: Gobierno de Solís faltó a disciplina presupuestaria
→Registro indebido de decisiones afectan exactitud de cifras fiscales →Incidentes giran en torno a aportes al IVM, amortizaciones y giros a Bancrédito
Registro indebido de decisiones afectan exactitud de cifras
La falta de rigurosidad presupuestaria del Gobierno Central fue fuertemente cuestionada por la Contraloría General de República (CGR).
Tres episodios –ocurridos en la administración de Luis Guillermo Solís– encendieron las alarmas de la entidad fiscalizadora sobre la falta de transparencia en los números del Poder Ejecutivo.
En específico se trata de la carencia de registro del endeudamiento interno adicional por ¢600.000 millones en el último trimestre del 2017, lo cual generó el pago de amortización de deuda sin contar con una autorización legal.
Asimismo, la Contraloría cuestionó la decisión de no presupuestar el aporte estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); ni el efecto fiscal de la inversión por ¢133.000 millones en Bancrédito.
Estos capítulos hacendarios muestran un indebido registro de decisiones que tienen repercusiones fiscales, se resalta en el informe de la CGR denominado Evolución Fiscal y Presupuestaria.
“Hacemos una advertencia de que no puede ser que esto (transparencia presupuestaria) siga así. No esperaría que suceda, lo que ha pasado es lo suficientemente delicado como para que tomen medidas. Son tres casos grandes”, enfatizó la contralora Marta Acosta.
La preocupación no es exclusiva de la Contraloría. La agencia calificadora Moody’s también señaló que el presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones es un reflejo de “falta de supervisión financiera y comunicación interna del Gobierno costarricense”.
“Seguimos pensando que el principal problema de Costa Rica es el déficit fiscal. Lo ocurrido (con el presupuesto) refleja un desliz de controles, no creemos que sea algo terrible, pero sí es consecuencia del déficit”, argumentó Gabriel Torres, analista de deuda soberana de Moody’s.
Torres enfatizó que los mercados están preocupados por la situación de alta deuda pública y déficit del país, lo cual se traduce en un mayor fondeo del Gobierno a corto plazo.
La herencia de la anterior administración (Solís) –como lo calificó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar– ya comenzó a ser corregida. Hacienda envió un presupuesto extraordinario al Congreso para darle contenido legal al pago de los bonos de corto plazo, el cual ya fue aprobado en primer debate. Además, en el Presupuesto de la República del 2019 se incluyó la cotización estatal completa al IVM y el Banco de Costa Rica (BCR) absorberá Bancrédito, lo que quita una brasa financiera y fiscal a Casa Presidencial.
El expresidente Solís todavía debe comparecer ante una comisión especial del Congreso para dar explicaciones sobre estas omisiones presupuestarias. Casos polémicos El pasado 31 de julio, Hacienda hizo pública la solicitud de ese presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones para incrementar el límite de endeudamiento interno.
El proyecto pide a los diputados darle contenido presupuestario a vencimientos de títulos de deuda emitidos en el último
trimestre del 2017 pero que no fueron incluidos ni revelados por la administración Solís.
Tal situación provocó que Hacienda pagara títulos de deuda interna sin contenido presupuestario por un monto de ¢182.000 millones.
Para la Contraloría, dicha amortización “contraviene condiciones de rango constitucional y legal”.
“La coyuntura fiscal ha ido minando la transparencia presupuestaria”, argumentó la entidad fiscalizadora.
La CGR también criticó que las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como el IVM, no fueran presupuestadas.
Se trata en específico de la negativa de Hacienda de incluir entre sus gastos del 2017 y 2018 el incremento de la cotización estatal a ese régimen.
En setiembre del 2016, el aporte del Estado al fondo de pensiones pasó de 0,58% a 1,24%, luego de una decisión de la Junta Directiva de la CCSS para darle recursos frescos al régimen en el corto plazo.
“El Ministerio de Hacienda indica que dicho incremento fue realizado unilateralmente por la Junta Directiva de la entidad aseguradora, sin considerar si el Estado contaría con las rentas suficientes para honrar las nuevas obligaciones”, señala el informe de la CGR.
Hacienda, entonces dirigida por Helio Fallas, también cuestionó el alza de cara a la realidad fiscal del país.
Sin embargo, para 2019, la contribución estatal al IVM será de ¢160.106 millones, es decir un alza de 118%, en comparación con el 2018.
Aguilar recalcó –durante la presentación del Presupuesto 2019– que se trata de ¢85.218 millones adicionales para el próximo año, los cuales, en su mayoría, se financiarán con emisión de deuda.
La última polémica, que significó el rechazo de la liquidación de gastos del 2017, fue la ausencia de registro de las inversiones hechas por Hacienda en Bancrédito.
El Gobierno invirtió, entre marzo y abril del 2017, ¢62.000 millones y $50 millones en el banco, dinero que debió ser devuelto en diciembre pasado pero eso no sucedió y Bancrédito entró en cesación de pago, lo cual significó la intervención del banco cartaginés.
El cuestionamiento de la CGR es que el Gobierno nunca reveló el impacto de la decisión.
“No estamos reflejando bien el déficit. Vea el caso de Bancrédito, si ese gasto se hubiera registrado bien, el déficit habría sido de 6,4% (del producto interno bruto) en lugar de 6,2%”, recalcó Acosta.
La situación quedó resuelta, en favor del Poder Ejecutivo, con la fusión de Bancrédito con el BCR. Este último banco se encargará de pagar la deuda.