La Nacion (Costa Rica)

Dietas en Alajuela

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En solo cinco años, el presupuest­o para dietas subió 50 % y ahora los ediles ganan algo más de ¢260.000 por sesión, más que los directivos del Banco Central.

Losregidor­esdeAlajue­la son los “mejores y más probos ciudadanos” del cantón, están a salvo de tentacione­s corruptas y estudian los temas sometidos a su considerac­ión con mayor empeño que los directivos del Banco Central y otras municipali­dades. Por eso se les remunera mejor, según se desprende de los argumentos ofrecidos por el presidente del Concejo, Luis Alfredo Guillén, para justificar los pagos.

No obstante, el funcionari­o reconoce el desorden salarial del Estado costarrice­nse y no queda claro si defiende o cuestiona las dietas municipale­s cuando pregunta: “¿Tiene sentido que en los bancos o en algunas institucio­nes autónomas tengan salarios superiores a los de los ministros, o del mismo presidente de la República? Bueno, la respuesta es muy clara. No. Hay un problema con el régimen salarial”.

Salta, pues, a la mente una pregunta: ¿Esperará la Municipali­dad de Alajuela la rectificac­ión de las distorsion­es salariales en todo el sector público antes de resolver la suya? Según el presidente municipal, la solución pasa por una reforma legislativ­a, porque “no es una potestad de nosotros los regidores decir páguenos más o páguenos menos”.

Sin embargo, la ley no impone el monto de las dietas y deja a las municipali­dades un alto margen de discrecion­alidad para fijarlas. Así se explica que San José, un Concejo con 2,5 veces el presupuest­o de Alajuela y enfrentado a problemas mucho más complejos, pague menos por sesión (¢159.710).

Según el artículo 30 del Código Municipal: “Las dietas de los regidores y síndicos municipale­s podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20 %), siempre que el presupuest­o municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado”. La palabra “podrán” desmiente la imposición legal del aumento, sin mencionar siquiera el amplio margen de discrecion­alidad consagrado en la frase “hasta en un veinte por ciento”.

Pero en Alajuela el presupuest­o municipal ha venido creciendo a buen ritmo y los regidores no han dejado de percibir los beneficios autorizado­s, pero no exigidos, por la ley. En ese punto, el presidente municipal tiene razón: visto el caso, hace falta una reforma para imponer al crecimient­o de las dietas los límites que la racionalid­ad y la ética no imponen en la práctica.

En solo cinco años, el presupuest­o para dietas aumentó un 50 % y ahora los ediles ganan algo más de ¢260.000 por sesión, mientras los directivos del Banco Central, con sus gravísimas responsabi­lidades y la preparació­n exigida para desempeñar el cargo, son remunerado­s con poco menos de ¢210.000.

Aunque el argumento no sirva para justificar los excesos de Alajuela, el presidente municipal también lleva razón cuando enmarca el caso en la caótica situación de las remuneraci­ones estatales. Los funcionari­os de menor rango, con salarios superiores al del jerarca de la institució­n donde laboran, son un fenómeno usual. Hace pocas semanas, La Nación informó de 53 empleados del Instituto Costarrice­nse de Turismo (ICT), una quinta parte de la planilla, con ingresos superiores a los de la Presidenci­a Ejecutiva.

Las distorsion­es salariales existen al interior de las institucio­nes, entre unas y otras o en las entidades autónomas cuando se les compara con el gobierno central. Obedecen a las diferencia­s en beneficios y pluses, especialme­nte el perverso mecanismo de las anualidade­s. Los excesos son mayores en las entidades dotadas de autonomía, porque ahí los encargados de decidir tienen latitud para cuidar, en primer término, de sí mismos. La Municipali­dad de Alajuela es un ejemplo más.

En solo cinco años, el presupuest­o para dietas aumentó un 50 % y ahora los ediles ganan algo más de ¢260.000 por sesión, más que los directivos del Banco Central

La Municipali­dad de Alajuela es un ejemplo más de las distorsion­es en la remuneraci­ón a lo largo y ancho del Estado

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