Razones para presentar moción 472

El lunes 17 de setiembre La Nación publicó en la página 6A un artículo referente a la moción de fondo que presenté al proyecto 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). El periódico tituló “Diputado quiere impuestos sin ahorro en gasto”, lo cual es contradictorio, pues en el cuarto párrafo del texto se califica mi discurso como antiiimpuesto, como ha sido desde que asumí el puesto de diputado en mayo anterior.

Con respecto a la moción de fondo número 472, mediante la cual solicito eliminar el título III del artículo 3 de dicho proyecto, que contiene todas las reformas que quieren hacerle al régimen de empleo público, aclaro que promover una reforma fiscal estructural dentro un combo legislativo –para efectos didácticos, es un paquete o grupo de reformas a varias leyes que se tramitan en un solo texto de ley– me parece arriesgadamente irresponsable. Aún más irresponsable es querer hacerlo a la carrera, sin los espacios adecuados para encontrar los indispensables acuerdos, al darle un trámite rápido al expediente con la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea.

Tras de que promover una reforma tributaria mediante un trámite atropellado que siempre desemboca en un fracaso, los defensores de los impuestos consideraron que este proyecto es el espacio idóneo para que nos replanteáramos el actual régimen de empleo público, criterio que no comparto y por tal motivo presenté la moción.

Hasta el año 1900, el sector público costarricense funcionaba con 39 entidades, entre ellas, 3 ministerios y unas pocas entidades auxiliares. Hoy, el Estado opera con 332 instituciones, que incluyen 18 ministerios y 84 órganos adscritos. Con la proliferación de instituciones, el Poder Ejecutivo quedó con un control limitado del gasto público, se generaron ineficiencias en la utilización de los recursos y no se ha logrado avanzar en la solución de problemas tales como la pobreza o la infraestructura, principalmente vial. No considero que el empleo público no deba revisarse, todo lo contrario. Creo que es parte de la impostergable reforma del Estado y, por ello, ya estamos planteando hasta la necesidad de cerrar todas las instituciones ineficientes, pero también que debe tratarse por separado y con criterios claros en términos de fijar las prioridades: no podemos cobrarles a los pobres lo que Hacienda no quiere cobrarles a los más ricos; después hablamos de empleo público porque hay que hacerlo, pero empecemos por el principio, seamos consecuentes y no busquemos pretextos para acometer esta tarea y esta responsabilidad histórica.

Que sea el lector quien juzgue si la eliminación del título III del artículo 3 del proyecto de ley pretende favorecer a los empleados públicos con beneficios que el resto de los trabajadores no disfrutan o si pretendo articular una discusión seria sobre reformas al empleo público.

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Diputado