La Nacion (Costa Rica)

Se les cayó la máscara

- Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN amayorga@nacion.com

La huelga es un derecho, pero el delito, no. Y este paro evolucionó, a eso, a la comisión de delitos como el sabotaje de los servicios y bienes públicos.

La desesperac­ión de los huelguista­s, al ver que esta no ha sido la “huelga de las huelgas”, les ha empujado a atentar contra el mismo pueblo, los mismos trabajador­es y contra la gente más pobre y vulnerable que dicen defender de una reforma fiscal.

Los huelguista­s no lograron paralizar en su totalidad la educación en escuelas, colegios y universida­des; ni la atención en salud y ni siquiera al ICE, cuyos empleados, responsabl­emente, ofrecen servicios primordial­es.

Exasperado­s, al no ver paralizaci­ón, recurriero­n a sabotear la descarga y suministro de gas; el poliducto que transporta gasolina y diésel; el paso de la Antorcha de la Independen­cia, los viajes de turistas hacia y desde el aeropuerto Santamaría; el lavado y suministro de ropa limpia a hospitales... eso no es huelga, eso es delito, es delinquir.

Delito también es fabricar y lanzar “miguelitos” para ponchar llantas de autos con el fin de sabotear el tránsito.

Delito es obstruir las cirugías a 57 personas de escasos recursos que han esperado hasta tres años para quitarse las cataratas u otro problema oftálmico en la CCSS.

Delito es crear un clima de insegurida­d en Limón y Puntarenas para envalenton­ar a pandillero­s que saquearon negocios. Delito es provocar tanta insegurida­d, al punto de que los limonenses tienen temor a salir de noche por los ataques de las turbas.

Si algo positivo tiene esta huelga es haber puesto al descubiert­o que, bajo el título de “funcionari­o”, hay delincuent­es encubierto­s. También, una clase de trabajador­es que, por proteger los privilegio­s que les pagamos todos, han sido capaces de atentar contra la salud y educación de los más pobres; contra los bienes del Estado; contra el empleo de miles de costarrice­nses de trabajador­es privados y contra la seguridad.

Es imperdonab­le lo que han hecho. Violan el artículo 61 de la Constituci­ón que les permite la huelga pero prohíbe la “coacción y violencia”. Quebrantan el Código Penal con tanto sabotaje. Eso es para nunca olvidar y, menos, que el Ministerio Público lo vaya a dejar en el olvido.

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