Un presidente humilde y prudente
En los momentos de crispación social y de tensión política que enfrenta el país, como consecuencia de la huelga indefinida convocada por el movimiento sindical, y con el propósito de buscar las soluciones urgentes que reclama la ciudadanía, es necesario que el presidente de la República proceda con humildad y prudencia. Con la cualidad de la humildad para despojarse de orgullo y arrogancia y con la virtud de la prudencia para actuar con sensatez y cautela.
El dirigente, igual que el ciudadano común, pero fundamentalmente el líder político que ejerce el poder, debe saber escuchar y atender los argumentos de quien opina diferente, debe tener disposición a ceder y a conciliar, porque es urgente que el país pueda decidir sobre el asunto fiscal en un ambiente de tranquilidad, de respeto y tolerancia.
Si la crisis fiscal no se mitiga en el corto plazo, los efectos para la economía del país y para todos, pero principalmente para los sectores más desprotegidos de la sociedad, podrían ser devastadores. Y no es cuento, es una inminente y peligrosa realidad.
Estado de ánimo. En los últimos años se ha gestado un estado de ánimo colectivo de desencanto, frustración y pesimismo, así como un ciudadano más intolerante, irascible y violento. Las pensiones de lujo, los pluses salariales y los privilegios de los funcionarios del Estado, la corrupción en la función pública, el escándalo del cemento chino, los casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial, las promesas incumplidas, la incapacidad para reducir las tasas de desempleo y pobreza, son algunas de las causas de tanta irritación, molestia y desesperanza.
Los ciudadanos, los dirigentes gremiales, sociales y políticos se manifiestan con inusitada e inconveniente agresividad, lo que afecta negativamente el debate político y hace casi imposible lograr acuerdos y aprobar los proyectos de ley que el país requiere. Cada quien –al plantear criterios o demandas, individuales o de grupo– presupone como únicos sus puntos de vista y descalifica y ofende a sus interlocutores, de tal forma que el diálogo, la negociación y la concertación se tornan inviables.
La presente huelga es una manifestación de esa realidad nacional. Ni el gobierno ni los sindicatos dan el brazo a torcer, miden fuerzas para ver quien es el que gana sin importarles que al fin de cuentas todos perdamos, mantienen un pulso entre ellos mientras el país se acerca cada día más al abismo, a una debacle de graves consecuencias.
Trabajo presidencial. Ante ese panorama, la mayor responsabilidad recae sobre el presidente; es a él a quien los costarricenses eligieron para guiar al país, quien tiene la obligación de preservar la tranquilidad y la paz, él debe buscar una solución urgente que ponga punto final a la huelga y esto no puede lograrse si no existe el diálogo y la negociación directa con los dirigentes sindicales.
Esta huelga –que le corresponde enfrentarla en momentos en que los costarricenses manifiestan un criterio mayoritariamente negativo sobre el desempeño del gobierno en sus primeros meses– es una prueba de fuego para el presidente Carlos Alvarado; de su manejo y resultado depende mucho el resto de su gestión, porque cuando la credibilidad y la confianza en los gobernantes se erosiona, su liderazgo pierde eficacia para concretar las ideas y propuestas que promueven e impulsan, a la vez que se aumentan exponencialmente los obstáculos para una adecuada gobernanza.
Y porque en una democracia el apoyo popular es indispensable para que un líder político pueda influenciar la realidad social con su propia visión y orientar con sus ideas el rumbo del Estado y de la sociedad en general, para que pueda realizar su propuesta y cumplir con sus promesas de campaña, objetivos primordiales de su quehacer y de su responsabilidad.
Los ciudadanos se manifiestan con inusitada e inconveniente agresividad