El precio de los jueces
La disminución de pluses salariales, dice el sindicato de la judicatura, abriría las puertas del Poder Judicial al soborno.
¿Cuánto vale la probidad de un juez? La pregunta ofende. Por eso es sorprendente encontrarla, implícita, en las razones esgrimidas por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) para llamar a huelga contra la reforma fiscal. La disminución de los pluses salariales, dice el sindicato, abriría las puertas del Poder Judicial al soborno.
Entre los argumentos inverosímiles de los últimos días, ese es el peor. La Corte lo ha empleado en otras oportunidades y al más alto nivel para justificar, por ejemplo, la pensiones de lujo, pero los funcionarios honestos –la gran mayoría– deberían desterrarlo. Hay otros argumentos, más o menos razonables, pero dignos.
Si la integridad de los jueces tiene precio, no puede llamársele integridad. La sociedad no debería sentirse obligada a competir con la delincuencia en una subasta por la honradez de los encargados de administrar justicia y las ventajas salariales no convertirán a un sinvergüenza en paradigma de la virtud.
La prueba está en los casos de corrupción detectados en plena vigencia de los pluses y pensiones de lujo, ahora exigidos a cambio de probidad. Si aceptamos la premisa de Acojud, la lógica conduciría a proclamar la insuficiencia de los beneficios vigentes en vista de los casos de corrupción demostrados. Entonces, el país debe escoger entre aceptar la corrupción existente o elevar las ventajas salariales para eliminarla.
Los pluses de la actualidad, diría la lógica, alcanzan para financiar la virtud de los jueces que hasta ahora se han comportado con honradez y podrían dejar de hacerlo si la Asamblea Legislativa aprueba el plan fiscal. La probidad de otros administradores de justicia, al parecer, es más cara y la brecha entre virtud y precio desemboca en la búsqueda de ingresos complementarios.
A juzgar por los lapsos éticos identificados a lo largo de la historia en los más altos niveles jerárquicos y salariales de la Corte, el precio de la virtud, en algunos casos, sobrepasa el salario de un magistrado. El costo de garantizar un ejercicio fiel de la función judicial sería, entonces, prohibitivo.
La Corte Suprema de Justicia es un bastión de la democracia, pero no es el único. Ni siquiera tiene sentido esclarecer si es el más importante. Eso sería como dilucidar si el aire importa más que el agua. Sin poder judicial no hay democracia. Tampoco la hay sin parlamento, poder ejecutivo, actores económicos o prensa, para mencionar algunos elementos. Sustraiga el lector cualquiera de los mencionados u otros que le vengan a la mente y verá la imposibilidad de un sistema democrático con tan sensible ausencia.
Eso plantearía la necesidad de mejorar el financiamiento de la virtud en todos los rincones del Estado, para no mencionar siquiera a la empresa privada. Si el salario de los jueces es el parámetro por considerar para poner límite a la corrupción y contener el soborno, el país está condenado. En la Administración Pública abundan las funciones vitales donde el soborno puede hacer estragos con consecuencias inimaginables. Muchas de ellas están a cargo de profesionales con estudios iguales o superiores a los del juez promedio, pero, en general, las remuneraciones y beneficios están muy por debajo de las judiciales. ¿Renunciamos por eso a exigirles probidad?
Es difícil exagerar la importancia de un poder judicial independiente y probo. En Costa Rica lo tenemos, pese a ocasionales traspiés. Eso no se debe a los beneficios salariales en el Poder Judicial, sino a la integridad de sus funcionarios. Son personas honradas y lo habrían sido en cualquier otro cargo u ocupación. Acojud hace mal en presentar esas virtudes como producto de las anualidades y otros beneficios. El Poder Judicial ha venido perdiendo terreno ante la opinión pública por razones totalmente ajenas a la gran mayoría de sus funcionarios, comenzando por los jueces. Es muy nocivo añadir a la confusión.
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