Presupuesto para obra pública será el más bajo en 13 años
→Solo un 4,6% del plan de gastos se destinará a infraestructura →Escasez de dinero propio lleva al Estado a pagar trabajos con crédito o fideicomisos
La crisis financiera que afronta el Gobierno por tener más gastos que ingresos y la necesidad de cerrar ese hueco pidiendo prestado, ocasionaron que en el 2019, el presupuesto para obra pública sea el más bajo de los últimos 13 años.
De los ¢10,9 billones que el Poder Ejecutivo estima gastar, solo un 4,6% se destinará para proyectos de infraestructura, es decir, unos ¢505.000 millones. Ese es el porcentaje más bajo que se presupuesta para inversión de capital desde el 2006, cuando la partida fue de solo un 3,8%, unos ¢190.000 millones.
Así se desprende de un análisis de los proyectos de ley del Presupuesto Nacional de los últimos 14 años, con cifras expresadas en colones de hoy (restando la inflación), lo que permite observar los crecimientos que están por encima del costo de la vida. No se incluyen los fondos externos ni los empréstitos.
El porcentaje es aún más bajo si se compara con el producto interno bruto (PIB), pues ese monto de ¢505.000 millones solo equivale al 1,48% del PIB previsto por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el año venidero (¢34,1 billones).
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció que esta es una de las medidas de contención implementadas ante la crisis financiera, pues a junio, el déficit fiscal llegó al 2,8% de la producción nacional y el BCCR calcula que será superior al 7% del PIB para inicios del 2019.
Además, en el Presupuesto Nacional del próximo año, para el pago de intereses y amortización de la deuda se destinaron ¢4,5 billones, o sea, un 52,6% más que para este año (¢3 billones). Ese monto es un 41,6% del total del plan de gastos, el cual será financiado en un 53% con más deuda, pues los ingresos por impuestos bajaron.
“Si no corregimos el déficit fiscal y no intensificamos las alianzas público-privadas, no es posible poder ver aumentos mayores en gasto de capital. Y eso es realmente una discusión importante porque durante los últimos años, el país en buena medida ha cerrado su déficit básicamente con deuda y la renuncia a la inversión en infraestructura”.
Así de enfática fue Aguilar durante la presentación del Presupuesto Nacional en la Asamblea Legislativa, el pasado 31 de agosto, e insistió en la necesidad de aprobar la reforma fiscal que actualmente se discute en el Congreso.
Ella y la contralora general, Marta Acosta, también alertan sobre las consecuencias que puede tener en la competitividad del país, la tendencia a designar una reducida porción del plan de gastos para obra pública. “Los bajos niveles de gasto que se destinan a inversión y la preocupación de que estamos estrujando ese gasto (inversión), sacrificando calidad de vida, sacrificando infraestructura y la misma recaudación de impuestos. Cuando se genera infraestructura, se genera capacidad de repago para el Estado. Tenemos un stock muy deteriorado, hay proyectos que necesita el país para su desarrollo”, dijo Acosta.
Caída del 20%. En términos nominales, este es el segundo año consecutivo en que se destinan menos recursos para obra pública. Si se compara el monto previsto para el 2019 con el que se incluyó en el plan de gastos del 2018, la caída es de un 20,5%, cerca de ¢131.000 millones menos. Esa reducción asciende al 26% (¢181.000 millones) en relación con el presupuesto del
2017.
En esta ocasión, el Gobierno optó por quitarle poco más de ¢33.000 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP), dinero que en su gran mayoría iba destinado a las Juntas de Educación para la construcción de escuelas y colegios.
“Al existir una gran cantidad de recursos en Caja Única a nombre de las Juntas de Educación y Administrativas de los centros educativos, significa que muchos proyectos de infraestructura se encuentran en proceso o no se han podido iniciar, es por esto que se ha limitado la cantidad de recursos para el 2019”, alegó el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.
Además, se recortaron ¢55.000 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la construcción y mantenimiento de carreteras, así como para la compra de vagones de tren.
No se consideraron recursos para dos proyectos que sí estuvieron presupuestados para el 2018: la vía de acceso a la terminal de Contenedores de Moín, pues ya se concluyó; y la construcción del tramo de la nueva carretera a San Carlos entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia, en San Carlos, debido que la obra no cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República.
El MOPT tampoco solicitó recursos para la compra de vagones de tren, ni para el convenio de cooperación con el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) para la construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación y Centros Integrales de Alimentación Infantil. El 65% de los recursos destinados para infraestructura pública son girados al Ministerio de Transportes principalmente, para la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país; atender emergencias y desastres; y para obras marítimo-portuarias.
Un 10% restante queda en manos del MEP; un 9% en la Presidencia de la República, y otro 5% en el Poder Judicial.
Por ejemplo, la Corte presupuestó ¢13.000 millones para la adquisición y sustitución de la flota vehicular de la entidad, encargada de la “recolección y traslado de documentos, y para el traslado de funcionarios judiciales que deben desplazarse a distintas partes del territorio nacional”.
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