Huelga combate proyecto contra pensiones de lujo
→Texto obliga a docentes y nuevos empleados judiciales a cotizar para el IVM →→PSE alega que educadores perderían beneficios; sindicato de enfermeras a favor
“La idea es poner límite a pensiones de lujo; lo segundo, traer orden y consolidar todo en un solo sistema, que es el IVM, incluso fortalecerlo”. PEDRO MUÑOZ, DIPUTADO DEL PUSC
El movimiento de huelga contra la reforma fiscal también tiene otro objetivo: oponerse a un proyecto de ley que les cerraría la llave a las pensiones exclusivas en el sentido de que todo nuevo empleado público deberá cotizar para el IVM, al igual que el resto de la población.
Básicamente, el proyecto impediría que más personas entren en los regímenes del Poder Judicial y de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, los cuales ofrecen condiciones más ventajosas que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el monto de la pensión y en la edad para jubilarse, por ejemplo.
La intención de oponerse a esta iniciativa la dejaron ver los sindicalistas en la letra pequeña del cronograma de actividades de esta semana de la Unión Sindical y Social Nacional. Abajo, el afiche dice: “¡No al proyecto de reforma de pensiones exp. 20927!”. Tal expediente corresponde a una propuesta elaborada por el diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para frenar el crecimiento de las pensiones de lujo. El Proyecto de Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica establece que todo nuevo trabajador, sin excepción, debe ingresar al régimen del IVM.
Los trabajadores del sector privado cotizan para el IVM, al igual que buena parte de los funcionarios del Gobierno Central y de instituciones públicas como la CCSS, pues los sistemas de pensiones del Gobierno fueron cerrados en 1992, al igual que el Transitorio de Reparto del Magisterio. Ambos regímenes eran deficitarios, lo que aún hoy obliga al resto de la población a pagar las pensiones mediante impuestos.
Sin embargo, quedan dos sistemas exclusivos abiertos: el del Poder Judicial y el de Capitalización Colectiva del Magisterio. Si bien los dos fueron reformados para elevar las cotizaciones y atenuar los beneficios, aún implican una carga adicional para el resto de los contribuyentes.
Tripartito. Una de las principales cargas radica en la cotización por parte del Estado. El régimen de pensiones costarricense se fundamenta en un sistema tripartito en el que obrero, patrono y Estado contribuyen para asegurar una jubilación a los trabajadores. En el IVM, el trabajador aporta un 3,84% de su salario, el patrono le agrega un 5,08% y el Estado, un 1,24%.
Empero, en los regímenes exclusivos, el Gobierno aporta un monto mayor en su condición de patrono. En el régimen del Poder Judicial, el Gobierno aporta un 14,36% como patrono y, en el Magisterio, un 6,75%.
En consecuencia, también hay diferencias en los beneficios. En el Poder Judicial, ahora se otorga el 83% del promedio de los últimos 240 salarios (20 años), mientras que, en el IVM, el 60%. Por su lado, en el régimen de Capitalización del Magisterio, las personas se pueden pensionar a los 55 años y, en el IVM, a los 65.
El proyecto del PUSC argumenta que, una vez cerrados esos sistemas y estando todos los contribuyentes en el IVM, se acabarían las disparidades entre los pensionados. Según Muñoz, la propuesta de cerrar los fondos de pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial permitiría al Estado ahorrar dinero y le inyectaría recursos al régimen de la Caja.
‘Régimen propio’. Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), alegó: “Nosotros tenemos nuestro propio régimen, el de Jupema, en el que todos contribuimos solidariamente para mantenerlo y somos los únicos que seguimos cotizando aunque nos pensionemos”.
”Quieren llevarnos a todos a la CCSS. Al llevarnos a todos a un mismo régimen de pensiones, entonces se van a llevar los fondos para el régimen de pensiones de la CCSS y Jupema desaparecería”, prosiguió.
La dirigente, quien tiene un salario de ¢1,6 millones, no se pensionará por el régimen de Capitalización del Magisterio, sino por uno mucho más ventajoso, el Transitorio de Reparto.
No obstante, asegura que defiende los derechos de sus compañeros que se pensionarán bajo el régimen de Capitalización.
Existen otras voces dentro del movimiento sindical. Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), dijo a La Nación que él no se opone “a un régimen que busque la igualdad entre los contribuyentes”.
Al consultársele por qué uno de los materiales gráficos de la huelga insta a oponerse al proyecto de ley del PUSC, Hernández contestó que los responsables de generar ese contenido habían sido sus compañeros de la APSE.
“Nosotros no nos oponemos a un proyecto que busque igualdad. Siempre hemos estado en contra de las pensiones de lujo. Los que hicieron el programa fueron los compañeros de Jupema”, enfatizó el líder sindical del Sinae.
Aparte de Muñoz, la iniciativa es respaldada por sus compañeros de fracción Pablo Heriberto Abarca, Rodolfo Peña, María Inés Solís, Shirley Díaz, Erwen Masís y Aracelly Salas.
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