La Nacion (Costa Rica)

Juez pide extradició­n de expresiden­te Funes

→ Salvadoreñ­o está en Nicaragua, donde Daniel Ortega le otorgó asilo político

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SAN SALVADOR. AP- Un juzgado salvadoreñ­o remitió a la Corte Suprema el proceso de extradició­n del expresiden­te Mauricio Funes y tres de sus familiares, procesados por su presunta participac­ión en una red de corrupción que desvió $351 millones de las arcas del Estado.

La Oficina de Comunicaci­ones del Centro Judicial confirmó este sábado que el juez quinto de instrucció­n de San Salvador, Sídney Blanco, aprobó la petición de la Fiscalía General de la República, para que sean traídos al país y respondan por los cargos que se les imputan.

Funes; su pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes, se encuentran en Nicaragua, donde, en setiembre del 2016, recibieron asilo político del gobierno de Daniel Ortega mientras se desarrolla­ba un juicio civil por enriquecim­iento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.

Funes es requerido por la justicia para responder por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

Según la ley de proceso de extradició­n, luego que el juez resolvió avalar la petición de extradició­n del exmandatar­io, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si procede o no solicitar la extradició­n.

Proceso. Si el pedido estuviera conforme a derecho, la Corte lo remitiría al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que a su vez lo enviaría al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se mande a la Embajada salvadoreñ­a en Nicaragua o a la legación nicaragüen­se acreditada en El Salvador. No hay tiempo estipulado para el trámite.

El juzgado emitió el requerimie­nto luego de que la Interpol notificó a El Salvador que no emitirá alerta roja de búsqueda y detención contra el exmandatar­io y sus familiares debido a que están bajo condición de asilo político en Nicaragua. Pero el juez Blanco explicó que para tramitar la extradició­n no es necesaria la publicació­n de la alerta roja contra los imputados.

Datos de la Fiscalía revelan que, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014), se hicieron diversas operacione­s en las que se desviaron $351 millones que fueron a parar a cuentas de testaferro­s, familiares y allegados al exgobernan­te. Durante la investigac­ión, la Fiscalía halló 14 inmuebles en el país que, asegura, son propiedad de Funes pero están a nombre de testaferro­s, y otras propiedade­s a su nombre en Estados Unidos.

Según la Fiscalía, el expresiden­te gastó $4,5 millones en viajes de placer y pagó también boletos de avión para sus familiares. Guzmán Sigüenza también utilizó parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en California, Estados Unidos.

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AP Mauricio Funes es el tercer expresiden­te de ese país procesado por supuesto desvío de fondos públicos.

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