Sindicatos consultarán hoy con sus afiliados el acuerdo alcanzado con Gobierno
→ Pronunciamiento fue sobre una versión desactualizada del proyecto de ley
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La Corte Plena tomó un inusual acuerdo para intentar proteger los salarios del Poder Judicial ante el plan fiscal.
Los magistrados enviaron un oficio al Congreso, en el que alegan que el proyecto afecta el funcionamiento de la Corte, a sabiendas de que se estaban pronunciando sobre un texto que ya no estaba vigente y de que estaban respondiendo cinco meses después del plazo otorgado por el Congreso.
Consultados por La Nación, tres magistrados que participaron en el acuerdo, Luis Guillermo Rivas, Carmenmaría Escoto y Jaime Robleto, no recordaron una situación como esta, en su experiencia en el Poder Judicial.
La Asamblea le consultó a la Corte sobre el proyecto el 2 de abril anterior, cuando aún existía una versión anterior dejada por el gobierno de Luis Guillermo Solís, y dio un plazo de ocho días hábiles para con- testar.
No obstante, el Poder Judicial no respondió y la Asamblea le repreguntó el 19 de junio.
Sin embargo, fue hasta el 5 de julio cuando la Corte asignó al magistrado William Molinari para remitir un informe. Empero, el documento fue discutido más de dos meses después a la Corte Plena, el 3 de setiembre, cuando ya había un texto sustitutivo aprobado (lo que ocurrió el 21 de agosto).
Y no fue sino hasta el lunes 24 de setiembre cuando la Corte envió su criterio a la Asamblea, ya en la recta final del proceso legislativo de la reforma fiscal.
Los magistrados alegaron que el proyecto, en su versión original, incide sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial porque les pone tope a los salarios millonarios, atenúa el crecimiento de los pluses y limita el gasto público.
Si un proyecto de ley afecta la organización de la Corte, los diputados requieren 38 votos para aprobarlo, lo que impediría tramitarlo por la vía rápida. Pese a lo dicho por los magistrados, el Gobierno sostiene que el Poder Judicial no ha emitido un criterio negativo y, junto con las fracciones mayoritarias, considera inaceptable el argumento de los magistrados de que una contención del gasto afecta la administración de la justicia.
Aclaración. Al elaborar el informe, el magistrado instructor, William Molinari, dejó claro que el texto estaba desactualizado: “Insisto, habría que valorar si la Corte considera que ha perdido interés este informe por las razones que acabo de mencionar (...). Acuérdense que esto refiere a un proyecto de ley que ha sido modificado, que hay un texto sustitutivo sobre el cual se está discutiendo actualmente. Esto refiere a un texto que se nos consultó previamente. Otro punto importante es que, cuando se me transmite la solicitud de parte de la Secretaría General de la Corte, ya estaba vencido el plazo que nos había dado la Asamblea Legislativa”.
El magistrado Luis Guillermo Rivas explicó que se respondió al Congreso, aun sobre un texto no vigente, porque esa era la obligación de la Corte. Descartó que el criterio tuviera la intención de enviar un mensaje a los diputados sobre las implicaciones de dar un trámite convencional a este proyecto, pese al parecer de la Corte.
El alto juez no precisó en cuáles otros proyectos de ley la Corte se ha pronunciado sobre un texto no vigente.
La presidenta de la Corte en ejercicio, Carmenmaría Escoto, señaló que no recuerda si ella estuvo al momento que se discutió que se votaría un acuerdo sobre un criterio de un proyecto de ley desactualizado. El acta de la votación que fue comunicada a la Asamblea Legislativa como respuesta a la consulta que se envió desde abril, evidencia que sí estuvo al momento de que se mencionó.
Sin embargo, Escoto indicó que nunca se valoró la posibilidad de que el criterio no se emitiera por desactualizado. Dijo que seguramente fue así, porque era la obligación responder al Congreso, sin importar las circunstancias.
Recordó una ocasión en que la Corte decidió no emitir criterio sobre un proyecto de ley, la reforma procesal agraria, porque sabían que existía otro proyecto de ley “más completo” en el Congreso sobre ese tema.
“Corte acogió la observación y dijimos: ‘Este proyecto no vale porque estaba desactualizado a lo que esta Corte ha venido trabajando’. Dijimos que, en lugar de ese, se remitiera el que nosotros nos pronunciamos”, relató la magistrada. Empero, para el caso de la reforma fiscal, Escoto indicó: “Tenemos que limitarnos a lo que se nos manda”.
El magistrado suplente, Jaime Robleto, quien estuvo en la sesión, tampoco precisó un caso similar al pronunciamiento sobre la reforma fiscal. Reconoció que se trató de una respuesta “extemporánea”, pero desconoce por qué se dio en ese contexto. “Yo en esta materia soy ingenuo. No creo que haya una intención de que la Corte, desde mi perspectiva, tenga una intención de blindarse a nivel salarial”, indicó.
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“NOSOTROS SÍ TENEMOS OBLIGACIÓN DE RESPONDER EN UN PERIODO PORQUE NORMALMENTE SE PIDEN AMPLIACIONES PARA QUE SEA DADO EN ESTOS PLAZOS. NO RECUERDO EN ESTE CASO, PERO ES CIERTO QUE EL MAGISTRADO QUE INFORMÓ ADVIRTIÓ DE QUE EL PROYECTO TENÍA NUEVAS
’’ MODIFICACIONES.
Luis Guillermo Rivas
Magistrado de
Sala Primera