Reforma incluye límites a gran disparador del déficit fiscal
Los llamados destinos específicos, que son giros que debe dar Hacienda a múltiples entidades, haya o no dinero, al fin tendrían mayores controles si los congresistas aprueban la reforma fiscal.
En la sesión del plenario de este jueves, los diputados aprobaron poner límites a estos fondos que devoran ¢4,2 billones, de los ¢10,9 billones del Presupuesto Nacional de la República en el 2019 (un 39%).
En una votación de 35 contra 14, el plenario decidió incorporar en el plan fiscal una moción que dice que cuando el nivel de endeudamiento del Gobierno supere el 50% del producto interno bruto (ese porcentaje cerrará en 53,8% este año), el Poder Ejecutivo podrá evaluar, antes de girar más fondos a las entidades, cuál son sus niveles de ejecución del dinero y cuánto el superávit que tienen (dinero en desuso).
“Le pone criterios de asignación (a los recursos públicos que se destinan a las entidades), que sería evaluar los niveles de ejecución presupuestaria que tiene. Además, deben evaluarse los niveles de superávit libre que tienen las entidades beneficiarias, para hacer uso de esos recursos”, explicó la diputada liberacionista y proponente de la moción, Silvia Hernández.
Los destinos específicos son montos porcentuales fijados por la Constitución Política o por leyes de giros que debe hacer el Gobierno a instituciones o grupos. En algunos casos se fija con respecto al producto interno bruto (PIB); en otros, con respecto a la recaudación tributaria pero lo claro es que haya o no dinero, el Gobierno debe transferirlos.
La Contraloría General de la República (CGR) señala a los destinos específicos, por su crecimiento inercial, como uno de los principales disparadores del gasto público e instó a revisarlos a profundidad.
Algunos ejemplos son las asignaciones anuales, establecidas en la Carta Magna, del 8% del PIB para la educación pública y del 6% de los ingresos co- rrientes del Gobierno Central para el Poder Judicial. Por estar en la Constitución, esos montos son intocables.
Los congresistas, además, establecieron que los destinos específicos solo podrán financiarse a través de ingresos corrientes, es decir, con recaudación de impuestos.
Con la medida, se refuerza la discrecionalidad que introduce la reforma tributaria para que el Ejecutivo pueda decidir cuáles obligaciones cumple a cabalidad, cuáles en forma parcial y cuáles podría dejar sin atender. Dicho margen existe siempre y cuando se trate de obligaciones originadas en leyes ordinarias, las que tienen rango constitucional son intocables.
■ Un empleado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otro de la Imprenta Nacional fueron denunciados como sospechosos de agredir, el miércoles, al presidente de la República, Carlos Alvarado, cuando salía del Teatro Nacional.
Michael Soto, ministro de Seguridad, detalló ayer que se trata de un hombre de apellido Sanabria, de 59 años, que trabaja en el ICE desde 1985. En cuanto al funcionario de la Imprenta, se apellida Fernández.
“El sujeto de apellido Sanabria (...) es el que empuja al presidente, y un sujeto de la Imprenta Nacional, de apellido Fernández, es el que tira algo que pareciera un objeto contundente, no sé si (un) huevo o (una) piedra (...)”, precisó.
En la noche, el Ministerio Público informó de que luego de la denuncia interpuesta por Seguridad Pública ante la Policía Judicial, se abrió el “expediente 18-028491-042-PE, por los presuntos delitos de agresión y daños, sin perjuicio de que conforme avance la investigación, se puedan recalificar o variar los tipos penales”.
Según Soto, “desde el punto de vista disciplinario, se van a abrir las investigaciones res-