Intromisión de Corte en Poder Legislativo

Un informe irregular de los magistrados contra la moderación de remuneraciones en el Poder Judicial interfiere con el proceso legislativo .

Los magistrados integrantes de la Corte Plena vieron en la votación extemporánea de un informe obsoleto la forma de comunicar a la Asamblea Legislativa su opinión sobre la supuesta relación entre los beneficios laborales del Poder Judicial y su independencia. Rindieron dictamen sobre una versión ya descartada del plan fiscal porque no podían hacerlo sobre el texto que la sustituyó, pues el Congreso todavía no se lo había consultado.

El texto consultado fue sustituido antes de que los magistrados evacuaran la consulta, pero contenía disposiciones similares a las del nuevo proyecto. La Corte Plena se encontró con un texto obsoleto y un plazo vencido para pronunciarse sobre él, pero de todas formas lo hizo y comunicó el resultado a la Asamblea Legislativa como si se tratara de un dictamen válido y relevante.

Es decir, aprovechó para “que constara formalmente la posición de la Corte”, según declaraciones del presidente de la institución, magistrado Fernando Cruz. El caso debe ser motivo de honda preocupación. En la práctica, la Corte se pronunció, indirectamente, sobre el nuevo texto de la reforma fiscal sin haber sido consultada.

La única utilidad del ejercicio aparentemente banal de votar extemporáneamente sobre un proyecto de ley ya desechado es hacer llegar a los diputados el mensaje de que los magistrados están opuestos a que se toquen los beneficios y remuneraciones del Poder Judicial y, si el Congreso incorpora disposiciones de ese tipo en una ley, ellos se opondrán invocando una facultad constitucional prevista para defender la independencia de la judicatura, no sus salarios y prestaciones.

Esa oposición obligaría a aprobar la ley con dos terceras partes de los votos del Congreso. En consecuencia, los legisladores se verían en la disyuntiva de eximir al Poder Judicial de los ajustes en el gasto público o correr el riesgo de no tener los votos suficientes para aprobar un plan en cuya ausencia el país pronto enfrentará

Un informe irregular de los magistrados contra la moderación de las remuneraciones en el Poder Judicial interfiere con el proceso legislativo

una crisis de dimensiones históricas.

Así, el ineficaz informe extemporáneo sobre un proyecto inexistente podría producir efectos muy reales. La interferencia del Poder Judicial en el proceso legislativo es obvia. El Congreso no podrá evitar la consulta y la Corte tendrá oportunidad de pronunciarse sobre el proyecto actual, pero siempre habrá oportunidad de acudir a la Sala Constitucional para dilucidar si las objeciones de la Corte Plena, en caso de que sean reiteradas, tienen fundamento. Para hacerlo, los intérpretes de la Constitución decidirán si las disposiciones del plan fiscal afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial y, por tanto, se justifica la oposición de la Corte.

En otras oportunidades, la Sala Constitucional ha distinguido entre la esencia de la función jurisdiccional y los beneficios que disfrutan los empleados de la Corte. No es posible saber si esa jurisprudencia será reiterada, pero ni siquiera habría existido la posibilidad de consultar si los diputados se hubieran dejado guiar por el irregular informe de la Corte Plena y hubieran evitado la supuesta afectación del Poder Judicial en el proyecto de ley.

Las posibles consecuencias del informe irregularmente aprobado contra las advertencias de su autor, el magistrado William Molinari, sobre la falta de interés actual y el vencimiento del plazo para rendirlo, saltan a la vista. Si los diputados no hubieran desoído las observaciones contenidas en el informe y hubieran intentado adelantarse al rechazo de la Corte Plena, la ley se habría aprobado con disposiciones muy diferentes y no habríamos tenido siquiera la oportunidad de escuchar un pronunciamiento de la Sala IV sobre el tema de las remuneraciones y su supuesta relación con la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. El país tiene derecho a esperar más de la Corte Plena, sobre todo en materia de respeto a la institucionalidad.

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El país tiene derecho a esperar más de la Corte Plena, sobre todo, en materia de respeto a la institucionalidad